REDACCIÓN. – El informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos dice que la República Dominicana niega el derecho a la educación a los niños de nacionalidad haitiana. Parte de las dificultades para que los niños tengan acceso a la educación es porque «no tienen documentos de identidad o residencia en el país», lo que aumenta la vulnerabilidad de los menores al trabajo infantil.
“Se considera que la República Dominicana solo logró avanzar mínimamente debido a que los administradores de las escuelas siguieron denegando acceso a la educación a un número importante de niños sin documentos de identidad ni residencia su origen ascendencia extranjera”, dice el documento.
La misiva detalla que los menores de ascendencia extranjera tampoco fueron recibidos en los programas de servicios sociales, ni acceso a los programas públicos para reducción de la pobreza y formación vocacional.
En otro orden, el documento señala que las prohibiciones legales impuestas a la República Dominicana, por la trata de menores son insuficientes porque “exigen probar la existencia de amenazas en relación con el delito de la trata de menores”.
“Además, subsisten deficiencias considerables en el cumplimiento, como los escasos recursos humanos y financieros para los órganos responsables de la aplicación de las leyes laborales y penales, y los inspectores de trabajo no están facultados para imponer multas directamente por infracciones en materia de la legislación laboral”, continua el documento.
El informe dice que en el marco jurídico se debe asegurar que las leyes que prohíben la trata de niños no requieran amenazas, uso de fuerza o coacción como elementos del delito.
Como también que sea sancionada penalmente el reclutamiento de menores de 18 años por grupos armados no estatales. Y aumentar el número de inspectores laborales de 207 a 331 para brindar cobertura adecuada de la fuerza laboral compuesta por unos 4,9 millones de personas, en particular en zonas rurales remotas.
Además, el informe hace referencia a trabajo forzoso en el servicio doméstico, la construcción, la venta ambulante, la mendicidad y el uso de menores en actividades ilícitas, incluido el tráfico de drogas.