La normativa establece penas de dos a diez años de prisión para funcionarios y empresarios implicados en irregularidades.
Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, puso en ejecución el reglamento de aplicación de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 47-2025), una normativa que introduce sanciones penales de dos a 10 años de prisión para funcionarios y empresarios que incurran en irregularidades en procesos de contratación con el Estado.
Durante el acto, el mandatario afirmó que la ley entra en vigencia plena y con carácter obligatorio para todas las instituciones públicas, incluyendo el gobierno central, los ayuntamientos y el Congreso Nacional. Subrayó que su propósito va más allá de modificar procedimientos administrativos.
El jefe de Estado señaló que cada ministerio, dirección y órgano público deberá adecuar su gestión contractual al nuevo marco legal, el cual busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la institucionalidad democrática.
El director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que la legislación moderniza el sistema de adquisiciones del Estado, haciéndolo más eficiente y transparente.
Destacó que se prohíbe de manera absoluta que servidores públicos negocien con el Estado y se establecen penas de hasta 10 años de prisión por delitos como soborno y tráfico de influencias.
Asimismo, explicó que cualquier contratación realizada fuera del sistema oficial carecerá de validez legal y podrá ser objeto de sanciones.
Desde el Ministerio Público valoraron la normativa como una herramienta clave para la persecución de la corrupción administrativa, al señalar que en muchos casos las compras públicas han sido la puerta de entrada para desfalcos y otras irregularidades.
Representantes de la sociedad civil consideraron que la nueva ley constituye un freno necesario frente a la corrupción, aunque advirtieron que su efectividad dependerá de la aplicación rigurosa de las sanciones, incluyendo penas de prisión para quienes desvíen fondos públicos.
En el ámbito político, tanto legisladores oficialistas como de oposición expresaron posturas divididas. Algunos respaldaron la iniciativa por entender que contribuirá a evitar empresas ficticias y conflictos de interés, mientras que otros cuestionaron su alcance y plantearon la necesidad de ajustes para agilizar la revisión de contratos en casos de incumplimiento.
Con esta normativa, el Gobierno busca cerrar brechas legales que anteriormente dificultaban sancionar penalmente las irregularidades en las compras públicas, uno de los sectores históricamente más vulnerables a la corrupción administrativa.
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