Cuando se trata del patrimonio público, vale decir recursos que se nutren del contribuyente, una mala práctica contraria a la ética y a la integridad no deja de ser ilegal ni reprochable aunque una parte de ese dinero sea usada con el pretexto de realizar obras de carácter social.
Esa práctica es aún más censurable cuando hechos y datos debidamente documentados demuestran que lo social es mera pantalla, una farsa para encubrir la distracción de esos fondos que terminan siendo de disfrute particular y exclusivo, como ocurre en el Senado con el llamado “barrilito”.
Un detallado trabajo de investigación periodística realizado por el programa El Informe puso en evidencia esa vergonzosa realidad, que ha debido ser erradicada por completo por un supremo imperativo de honestidad para llegar al anhelado adecentamiento en el manejo de los recursos del Estado.
Por eso produce extrañeza y gran desaliento que en el nuevo Congreso hayan aún voces con la osadía o más bien el descaro de decir, sin inmutarse, que seguirán recibiendo este cuestionado y odioso privilegio, en un país donde hay tantas carencias en servicios básicos que debe recibir la población.
Ni siquiera la pandemia y los padecimientos humanos, sociales y económicos que ha provocado, les ha sensibilizado para actuar de otra manera y dejar de lado, aunque fuera episódicamente, el desenfreno, el afán de lucro, cuando no la nociva inclinación clientelar hacia el populismo.
La ciudadanía sensata esperaba que ante tantas proclamas de cambio radical y pretendidamente verdadero, las ejecutorias y pronunciamientos estuvieran en la práctica respaldados por acciones ejemplarizadoras, por una nueva y estimulante actitud moral ante la ley y de estricto respeto a las instituciones y al país en su conjunto.
En cambio, qué gran decepción produce el comportamiento que hemos visto en esto días y qué fiasco para aquellos que, incurriendo en una tonta ingenuidad, pensaban equivocadamente que el barrilito quedaría finalmente sepultado en una oscura historia de repetidos tropiezos.
Este virtual fracaso en uno de tantos capítulos dentro de la incansable lucha por lograr una actuación decorosa de los funcionarios públicos —tanto los electos como los designados— entristece mucho, pero no hay por qué declararse vencidos y renunciar al optimismo. Todavía hay tiempo para recapacitar y dar ejemplo de decencia política. Lo importante es ver quiénes se animan a abandonar el terreno tortuoso para transitar por la transparencia sin desviación alguna.