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Inspectoría General del MP pide destitución de fiscal de Samaná

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Inspectoría  General del Ministerio Público presentó este viernes acusación disciplinaria contra el fiscal titular de Samaná, Robert Justo Bobadilla  y de inmediato, el Consejo Disciplinario fijó el conocimiento de la acción para el 11 de abril.

La investigación de la Inspectoría se produjo después de que por lo menos siete mujeres presentaran denuncias de acoso sexual, agresiones verbales y atropellos, entre otras acusaciones, reveladas por el programa de investigación El Informe con Alicia Ortega.

Conforme a la acusación disciplinaria en contra del representante del Ministerio Público, “existe suficiente base probatoria y elementos que fueron recabados de manera lícita, los cuales explican y hacen verificables la ocurrencia de los hechos de los que se acusa al imputado y comprometen su responsabilidad disciplinaria”.

La Inspectoría General, representada por el procurador general adjunto Bolívar Sánchez solicitó que se acoja la acusación y todas las pruebas aportadas, que se conozca el juicio disciplinario y que sea ordenada la destitución del Magistrado Justo Bobadilla por ser autor de los hechos descritos y haber incurrido en actos que afectan gravemente la institución del Ministerio Publico.

 

Los investigadores se trasladaron a Samaná entre el 18 de febrero y el 22 de marzo y allí recogieron elementos probatorios tipificados como faltas graves, precisas y sancionadas por las leyes penales.

Entre las pruebas están las querellantes que narran las ocasiones en que el fiscal de Samaná supuestamente se masturbaba frente a algunas de ellas. También explican las veces que alegadamente intentó forzarlas a tener relaciones sexuales.

Además de las siete querellantes, la inspectoría ofertó como prueba a varios fiscales a quienes sus compañeras de trabajo les habían narrado las vejaciones de que eran objeto por parte del titular al negarse a acceder a sus deseos sexuales y alegados chantajes bajo promesas de ascenso.

Queda pendiente la fecha en que el Consejo Superior del Ministerio Público fijará la audiencia para determinar si acoge las recomendaciones de la inspectoría general y posteriormente el inicio de un posible proceso penal en la jurisdicción ordinaria.

 

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