SANTO DOMINGO.- El proceso de consulta que tiene pautado el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizar el próximo mes de octubre, donde decidirá cuál es el aspirante presidencial con más apoyo, es un acto que no se encuentra autorizado por ninguna de las leyes que rigen el sistema electoral dominicano, según anunció la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano electoral estableció que la actividad se realiza fuera de los plazos establecidos por la ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la por la 15-19 sobre Régimen Electoral.
“Luego de un análisis de exhaustividad sistemática de los términos de la comunicación antes descrita, este órgano colige que, en puridad, de lo que se trata es de un proceso de selección de precandidatura presidencial, cuya etapa para dicho evento aún no ha iniciado legalmente, según legalmente el artículo 41 de la ya referida ley (la 33-18)”, dice la JCE.
Dicha aclaración firmada por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, fue escrita en respuesta a la solicitud realizada por el partido opositor para que la entidad supervise ese proceso que está supuesto a celebrarse el 16 de octubre del 2022 y la misma refleja que esa petición es “improcedente” por las razones ya citadas y que un “aspirante presidencial” no se “preselecciona” sino que se inscribe en los plazos establecidos por ley y allí es considerado ya un “precandidato”.
“El calendario electoral dominicano se encuentra organizado a los fines que, en primera etapa, los miembros de las distintas organizaciones políticas, puedan manifestar el interior de las mismas sus intenciones de participar a través de una precandidatura, lo cual no supone la realización de un proceso previo de preselección o escogitacion bajo la nomenclatura de aspirante”, añadió el presidente de la JCE en el documento enviado a Charlie Mariotti, quien es el secretario general del PLD.
Ese artículo 41 sobre la precampaña señala que es durante ese período en el que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular, y será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos.
La JCE explica que los partidos sí pueden realizar actos de organización y articulación de “estrategias electorales” a nivel interno como parte de su derecho de autoorganización y que para ello tienen derecho de auxiliarse de herramientas técnicas y científicas, siempre y cuando respeten las prohibiciones y limitaciones que establece la ley y las resoluciones de la JCE.
Se recuerda que mediante la Resolución 2-2022, la JCE suprimió el contenido del numeral 7 del artículo 6 de la resolución 28-2021 que establecía “no incurrir en acciones que pudieran afectar la moral y la honra de sus compañeros de partido, agrupación o movimiento político que también hayan manifestado una aspiración para el mismo nivel de elección u otros”.
Además modificó el contenido del numeral 5 del artículo 8 sobre prohibiciones durante el período previo al inicio de la precampaña. En la anterior se prohibía la colocación de estos tipos de mensajes sin hacer distinción si eran o no pagados.
A inicios del mes de febrero, el partido morado inició el proceso en búsqueda de su próximo candidato presidencial y mediante un acuerdo entre los aspirantes, se decidió realizar lo que denominaron como una “amplia consulta” para determinar cuál de ellos cuenta con mayor tasa de aceptación y de esa forma oficializar el apoyo de la plana mayor en esa persona, una vez las precandidaturas sean oficiales en julio del próximo año.
Los aspirantes a ocupar la casilla presidencial por el PLD son la exvicepresidenta, Margarita Cedeño; el alcalde por Santiago, Abel Martínez; el exprocurador, Francisco Domínguez Brito y los dirigentes Maritza Hernández y Luis de León.
La cúpula del partido morado ha sido enfático en señalar que todo el mundo puede y tiene derecho a inscribirse como precandidato en julio pero que quien lo haga “debe de saber que ya el partido estará apoyando que a un precandidato”.
En la comunicación, la JCE a pesar de señalar la ilegalidad del proceso no hace un llamado a que no se celebre la misma ni una consecuencia por su realización.