Interpol aclara que excandidato de Guatemala está en EEUU y no fue detenido

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, que primero había confirmado la captura y que luego rectificó y aclaró que solo fue hallado en Estados Unidos, anunció que empezarán los trámites correspondientes para su extradición.

«El Ministerio Público informa que Interpol Guatemala acaba de enviar aclaración a la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público indicando que Mario Roberto Leal Castillo se encuentra localizado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América», agregó la Fiscalía.

En esa comunicación, la Interpol explicó que «en nuestro oficio anterior se manifestó que la persona en referencia se encontraba detenida, por lo que se corroboró la información recibida por dicho país y únicamente informan que se encuentra localizada en el referido país».

Leal, quien está fuera de Guatemala desde el año 2016, era uno de los intermediarios que buscaba empresas y según las pesquisas recibió unos 500.000 dólares en comisiones en el caso conocido como Traficantes de Influencias, pero supuestamente también está implicado en uno de financiación electoral ilícita del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015.

En la primera causa, Tráfico de Influencias, el empresario y excandidato, prófugo de la Justicia hasta hoy, supuestamente formaba parte de una red que agilizaba la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones.

En el esquema de funcionamiento, el papel «clave» es el de Giovanni Marroquín Navas -ya en prisión por el caso «La Línea- quien era el enlace entre los funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que decidían sobre los expedientes, y los intermediarios, que captaban a los posibles clientes.

Marroquín, considerado el «operador» y extrabajador de Hacienda, tramitaba de forma «eficiente» el proceso a través de negociaciones y comisiones ofrecidas a funcionarios de la SAT.

En el caso de financiación electoral ilícita -por el que la candidata por la UNE a la Presidencia y exprimera dama Sandra Torres tiene una solicitud de desafuero pendiente- están involucrados además de Leal, diputados, alcaldes y empresarios que supuestamente facilitaron la entrega ilegal al partido de unos 2,53 millones de dólares.

Esta investigación, que empezó en enero de 2018 a raíz de la causa conocida como Traficantes de Influencias y que muestra una realidad habitual en las campañas políticas en Guatemala, señalaba que Leal, candidato a la Vicepresidencia en ese momento, usaba a mensajeros de sus empresas para retirar el dinero de las cuentas que se usaban como centros de recaudación.

La empresa Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, propiedad del actual diputado de la UNE Julio César Ixcamey, también canalizó fondos y aportes, y entre los documentados hay una autorización por escrito del congresista para que Leal pudiera retirar en efectivo 155.440 dólares para pagar «planilla» o salarios.