Santo Domingo.- En un análisis exhaustivo de las licitaciones de calzado escolar y otros productos impulsadas por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), han surgido serias preocupaciones respecto a la autenticidad de las empresas adjudicatarias, sus instalaciones y la legalidad de los productos suministrados.
El Informe con Alicia Ortega ha revelado, la discrepancia entre las fotos presentadas por las empresas en sus ofertas y las condiciones reales de sus instalaciones. En varias ocasiones, los contratos de alquiler indicaban direcciones donde operaban fábricas de calzado, pero al realizar visitas de inspección, los resultados fueron alarmantes. Empresas como Moviento y Lumon fueron adjudicadas con contratos millonarios para la fabricación de 25 mil pares de zapatos, pero los talleres resultaron ser habitaciones en callejones, con espacio insuficiente y equipos mínimos. En ambos casos, las fotos presentadas mostraban instalaciones muy distintas a la realidad.
Otro punto alarmante es que siete de las nueve empresas involucradas en estas licitaciones utilizaron exactamente las mismas fotografías de talleres, lo que sugiere que podrían estar vinculadas entre sí. Cuando se cuestionó la repetición de las imágenes, algunos de los propietarios de los locales no tenían conocimiento de los contratos que supuestamente los vinculaban a las fábricas. En un caso, Orlando Rosa Martes, quien aparecía como propietario de un local en el sector La Joya, negó cualquier relación con el alquiler de la propiedad a la empresa Moviento.
Las inspecciones realizadas por el INABIE en los talleres de estas empresas fueron superficiales y cuestionadas por la falta de rigor. En muchos casos, la visita se limitó a completar formularios al aire libre o en oficinas, sin verificar a fondo las instalaciones ni las maquinarias. En el caso de Impreso Testilo y Elementos Promocionales REÑE, la inspección apenas duró unos minutos, y la empresa fue adjudicada con un contrato de más de 22 millones de pesos para producir casi 26 mil pares de zapatos.
Uno de los hallazgos más graves en este proceso fueron las denuncias de importaciones ilegales de productos. Según los textileros locales, varias de las mercancías recibidas por el INABIE, como polocherts y mochilas, mostraban signos claros de ser importadas. Estas incluyen empaques más elaborados y distintivos, como cartones y plásticos más firmes, características que no corresponden con la producción nacional. Las denuncias apuntan a que algunas empresas, como Arteva Mercantil y SSCA, podrían estar introduciendo productos extranjeros bajo la apariencia de fabricación local, lo cual es una violación de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
En una visita sorpresa realizada por el equipo de investigación al almacén del INABIE, se encontraron productos de las empresas mencionadas, con características que confirmaban las sospechas de importación. El caso de los pantalones también es significativo, ya que los pantalones entregados por algunas empresas no coincidían con el tono de azul marino requerido, lo que generó suspicacias sobre la calidad y procedencia de los productos. Incluso se encontró que, a pesar de haber sido rechazados en dos ocasiones por no cumplir con el color correcto, los pantalones fueron finalmente admitidos tras una resolución administrativa.
Las irregularidades detectadas en este proceso de licitación dejan muchas dudas sobre la transparencia y legalidad del mismo. La falta de inspecciones adecuadas, las fotografías falsas, las direcciones incorrectas y las posibles importaciones ilegales apuntan a un sistema vulnerable a la manipulación y a la corrupción.
Este informe destaca la necesidad urgente de una revisión más profunda de los procedimientos del INABIE y una mayor vigilancia sobre las empresas adjudicatarias, para garantizar que los recursos públicos destinados a la educación se utilicen de manera adecuada y en beneficio de la calidad de los productos entregados a los estudiantes.
El proceso de licitación del INABIE ha sido objeto de diversas controversias en los últimos meses. La institución, encargada de la distribución de uniformes escolares y otros suministros a estudiantes de todo el país, se ha visto envuelta en múltiples denuncias relacionadas con irregularidades en sus procedimientos de compra. A continuación, se detallan los principales puntos de conflicto que giran en torno a las licitaciones y la situación actual del inventario.
Una de las denuncias más relevantes se refiere a la recepción de mercancías importadas que no cumplen con las especificaciones del pliego de condiciones de la licitación. Según testimonios de empleados del almacén de INABIE, se descubrió que algunas cajas de zapatos y pantalones, aunque etiquetadas como fabricadas en República Dominicana, en realidad provenían de China. La clave para identificar estas mercancías era la caja, de material superior y con el nombre del fabricante impreso, a diferencia de las cajas de productos nacionales que llevan una etiqueta adherida por la empresa local.
A pesar de las evidencias, el director de INABIE, en entrevista, argumentó que en algunos casos, las cajas importadas podrían aceptarse si se trataba de empresas autorizadas para la importación. Sin embargo, la normativa interna de INABIE establece que solo se debe recibir mercancía fabricada en República Dominicana, lo que plantea dudas sobre el cumplimiento de las normativas por parte de los encargados de recibir y aprobar las mercancías.
Otro punto polémico es el exceso de mercancía en el almacén, que supera el 27% de lo solicitado en la licitación. A pesar de que el presupuesto de INABIE se incrementó significativamente entre 2023 y 2024, pasando de 900 millones a más de 4 mil millones de pesos, las entregas de uniformes solo cubrieron alrededor del 28-29% de la matrícula escolar en 2023. Para 2024, INABIE logró universalizar la entrega, es decir, suministró uniformes a todos los estudiantes.
Sin embargo, debido a la presencia de centros escolares con alianzas público-privadas que ya tenían sus propios uniformes, parte de los productos licitados no fueron distribuidos, lo que resultó en un excedente en el almacén. Actualmente, INABIE tiene en inventario más de 2.6 millones de artículos no distribuidos, incluyendo pantalones, mochilas y zapatos, lo que ha generado preocupación sobre la eficiencia y el manejo adecuado de los recursos.
Las recientes licitaciones han levantado sospechas debido al aumento considerable en el número de productos solicitados. Por ejemplo, en la última licitación, se solicitaron un millón de mochilas más que en la anterior, a pesar del excedente existente en el almacén. Lo mismo ocurre con los pantalones y polo-shirts, donde el número solicitado fue mucho mayor que en la licitación pasada. Además, el número de empresas adjudicadas se triplicó en comparación con licitaciones anteriores, lo que ha despertado dudas sobre posibles prácticas de colusión y competencia desleal entre los proveedores.
El INABIE ha denunciado estas prácticas ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), señalando comportamientos anticompetitivos, como la presentación de documentación similar por parte de varias empresas, lo que sugiere que algunas podrían estar vinculadas entre sí. Además, se ha identificado que varias de estas empresas compartían las mismas direcciones y presentaban las mismas fotografías de unidades productivas, lo que alimenta las sospechas de que se trata de un caso de colusión.
A pesar de las denuncias y las irregularidades documentadas, el director de INABIE ha señalado que la responsabilidad recae sobre otras instituciones, como la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) y Procompetencia, para decidir si se deben tomar medidas contra las empresas involucradas. Aunque INABIE presentó denuncias ante estas entidades, las investigaciones no han avanzado lo suficientemente rápido, lo que deja a la institución en una posición incómoda, ya que se vio obligada a seguir adjudicando contratos a las empresas en cuestión, a pesar de las sospechas de irregularidades.
El director de INABIE también mencionó que si se demuestra que alguna adjudicación no cumple con los criterios establecidos en los pliegos de condiciones, estaría dispuesto a renunciar a su cargo. Sin embargo, la falta de acción concreta y el desinterés por seguir de cerca las investigaciones ha generado críticas por la falta de compromiso de la institución en garantizar que sus procesos sean transparentes y justos.
El manejo de las licitaciones en INABIE ha generado una serie de controversias que deben ser resueltas con urgencia para evitar que el proceso de adjudicación de contratos públicos continúe siendo percibido como opaco y favorecedor de prácticas desleales. Si bien el director de la institución ha señalado la responsabilidad de otras entidades, es fundamental que INABIE tome medidas más proactivas para garantizar la transparencia y legalidad de sus procesos, en lugar de depender únicamente de respuestas externas que podrían demorar demasiado tiempo.
Las denuncias sobre mercancías importadas, el excedente de productos y las prácticas anticompetitivas en las licitaciones exigen una revisión profunda y la aplicación de sanciones a las empresas que hayan incurrido en irregularidades. Solo de esta forma se podrá recuperar la confianza de la ciudadanía en el manejo de los recursos destinados a la educación en el país.
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