El conocido médico del hospital Elio Fiallo conducía su Impala de hierro por la calle principal del pueblo, la Duarte, cuando perdió el control, embistió una vivienda por el frente y siguió de largo hasta casi salir por la cocina.
La carretera que el potente auto hizo en su forzado recorrido oeste-este, llamó tanto la atención como la carencia de varillas en las paredes y la abundancia de bolsas vacías de cemento usadas como rellenos de bloques tan finos que a través de ellos se veía el sol. No hubo lesionados para sorpresa del montón de curiosos agolpados allí. Era el Pedernales de la década del 1970.
La casa impactada por el carro del doctor Sención es parte del primer proyecto habitacional edificado por el gobierno presidido por Balaguer en la capital de la provincia para aligerar los daños causados por el poderoso huracán Inés (1966). El resto de las unidades tiene las mismas características.
Desde aquel momento, por las cuatro esquinas del territorio he visto escenas similares en viviendas, hospitales, clínicas, escuelas estatales… Pero también, y a granel, en construcciones vendidas a precios exorbitantes por el sector privado.
El sismo de Puerto Plata (6.4 escala de Richter, madrugada del 22 de septiembre de 2003), el más potente de los ocurridos durante la última década en este lado de la isla, comenzó a develar los vicios ocultados bajo mantas de cemento por la irresponsabilidad de la autoridad y una delincuencia ingenieril y empresarial que, en la rama de la construcción, ya es plaga en este país.
Sobre todo evidenció cuán vulnerables somos, no por culpa de la naturaleza sino por el alto nivel de riesgos que nos han puesto como camisa de fuerza los insaciables usurpadores del erario y de los ahorros de los ignorantes.
Aquel movimiento telúrico de mediana intensidad dañó el muelle y una escuela pública, igual que cuarteó muchas viviendas privadas y provocó un pánico que de, solo mencionarlo, todavía hoy reverdece en la gente de la provincia norteña y comunidades de la región.
Los tres seísmos más importantes de los ocurridos hasta esta última semana de enero de 2102 apenas han pasado los 5 grados en la escala de Richter, y, sin embargo, han herido escuelas, edificios de apartamentos, puentes, carreteras y hasta locales de bomberos.
Eso significa que un muy probable sacudión de 7 grados en adelante podría terminar con miles de humanos bajo escombros.
Y no hay que buscar muy lejos el porqué de ese genocidio programado. Está en los rastreadores insaciables del dinero público y de los ahorros de consumidores sin dolientes en el Estado. En su afán de acumular riquezas, estos construyen violando las más elementales reglas establecidas para la construcción. Son insignificantes las edificaciones públicas y privadas que carecen de graves filtraciones. Aterra pensar acerca de lo que no se ve en ellas.
A propósito de tanta indolencia, y mientras llega el esperado gran re-ajuste de la tierra, se me ocurre una idea: así como se ha creado un código sísmico (un sinsentido si, como todo, no lo aplican cuando media don dinero), el Congreso debería crear otro que contemple el ahorcamiento de todo vinculado o vinculada a la industria de la construcción que, por robarse un dinero, ponga en riesgo las vidas de las personas, y que tal instrumento tenga carácter retroactivo al 1961. Establecería también que antes de morir, el culpable sea obligado por las autoridades a entregar toda la riqueza ilícita.
Sería un buen comienzo para detener la corrupción privada y pública, y resarcir en parte la razón de ser del Estado: el ciudadano y la ciudadana.
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