Tokio.- Japón levantó este lunes la prohibición de volar drones automatizados sobre zonas residenciales, tras haber obtenido las licencias pertinentes, para mejorar la operabilidad de servicios de reparto de cara a una disminución de la mano de obra.
Hasta ahora el vuelo de drones operados remotamente en el país asiático se permitía sólo sobre áreas deshabitadas como montañas, ríos o tierras de cultivo en determinadas circunstancias.
Si bien algunas empresas de servicios de logística ya han estado realizando entregas con drones en áreas remotas, se espera que estos servicios proliferen a través de áreas residenciales a medida que los operadores obtengan autorización.
Para lograr el permiso pertinente, el Gobierno japonés exige que los operadores de drones obtengan una licencia emitida a través de un sistema de reciente creación y que las autoridades o instituciones certificadas inspeccionen y aprueben los dispositivos.
Los pilotos de drones tendrán que renovar la licencia cada tres años y los drones operativos tendrán que someterse a una prueba de vuelo anual, según detalles recogidos por la agencia local de noticias Kyodo.
Además de expandir los servicios comerciales de entrega, los drones pueden ayudar a transportar suministros de emergencia a áreas afectadas por desastres naturales o hacer llegar medicamentos o alimentos a zonas residenciales rurales, habituales en el país.
El levantamiento de la restricción se produce tras una revisión de la Ley de Aeronáutica Civil de Japón, que ve en los drones una de las alternativas a la escasez de repartidores vinculada a la escasez de mano de obra y el envejecimiento demográfico.
Los servicios de reparto con drones se encuentran todavía en fase incipiente, por lo que persiste el temor sobre su operación en áreas residenciales, y potenciales accidentes y conflictos con las leyes de privacidad debido a las cámaras instaladas en los dispositivos.
En este sentido, los horarios y rutas de vuelo de estos drones deberán enviarse al Gobierno y los operadores serán responsables de crear unas pautas para lidiar con riesgos y accidentes, aunque los casos graves podrán ser investigados por el Ejecutivo.
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