Santo Domingo – El nombre de José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y su empresa Transcore Latam SRL vuelven a estar en el centro de la atención pública. Propietario de la mencionada compañía, Gómez está en el ojo del huracán tras revelarse irregularidades en la licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, lo que supuestamente ha desencadenado una investigación.
Gómez Canaán ha sido señalado previamente por acciones de espionaje. En 2012, el Ministerio Público lo investigó y acusó de hackear 44 correos electrónicos de funcionarios gubernamentales y empresarios, incluyendo a la entonces primera dama Margarita Cedeño. Entre las víctimas del espionaje figuraban también Juan Temístocles Montás, Manuel Grullón Hernández, George A. Nader y Luis Álvarez Renta, entre otros.
El Ministerio Público vinculó a Gómez Canaán con una supuesta red de piratas informáticos internacionales, especialmente de India y Vietnam, para acceder a las claves de correos electrónicos. Durante el proceso judicial, fue detenido y se incautaron equipos electrónicos en allanamientos a sus propiedades. En esa ocasión, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva, aunque fue liberado tras un mes bajo fianza de cinco millones de pesos.
En esa ocasión se investigó además un alegado jaqueo a la dirección de IP del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La medida impuesta también contemplaba el impedimento de salida del país y presentación periódica.
Por otro lado, Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, señaló a Gómez Canaán, como cómplice en el fraude que el expresidente Leonel Fernández denunció a raíz de su derrota en las primarias para elegir al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para los comicios de 2020.
Sin embargo, ninguna de las investigaciones avanzó en la justicia.
El expresidente Leonel Fernández ha alertado sobre la posibilidad de que el contrato de semáforos con Transcore Latam incluya un esquema de espionaje masivo que podría poner en riesgo la privacidad de los ciudadanos. Fernández criticó que una empresa privada contratada para gestionar el tráfico tuviera acceso a cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad, lo que, según él, puede ser utilizado para el espionaje y la transferencia de datos a redes no reguladas.
Recordó que este mismo año se descubrieron emisiones de radiofrecuencias no autorizadas desde edificios controlados por el Intrant, las que podrían estar siendo utilizadas para identificar la ubicación de las personas a través de sus celulares, misma red de vigilancia que pudiera estar involucrada en futuros proyectos del gobierno, como la renovación de la cédula y la implementación del pasaporte biométrico.
Las irregularidades detectadas en el proceso de licitación de los semáforos fueron remitidas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). La investigación señala que Transcore Latam no tiene relación con la compañía estadounidense Transcore LP, tal como denunció esta última. Además, el informe del programa El Informe con Alicia Ortega reveló presuntas falsificaciones de documentos, confusión en la composición accionaria y movimientos sospechosos de los accionistas.
El 13 de noviembre de 2024, las autoridades confirmaron graves irregularidades en el proceso licitatorio, lo que ha llevado a que se investigue más a fondo a la empresa y a Gómez Canaán, quien ha sido señalado como uno de los principales responsables.
La investigación está en curso, y las autoridades buscan aclarar el alcance de las presuntas irregularidades y el posible uso indebido de redes de vigilancia.