Santo Domingo.- El presidente del Movimiento Rebelde y líder de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, exigió justicia para el regidor Renato Castillo, asesinado en Bayaguana en 2014.
El ex diputado instó al magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, a asegurar que los implicados en el asesinato de Castillo no queden en libertad en la audiencia programada para el próximo 5 de noviembre, afirmando que hay presiones económicas que podrían influir en el fallo, lo que ha generado preocupaciones sobre la transparencia del proceso judicial.
Asimismo, Hubieres denunció la presunta influencia de un juez que, según él, ha recibido dinero de personas vinculadas al narcotráfico, y que devolvió un millón de dólares al no poder asegurar una sentencia que favoreciera a los implicados en el caso de Renato.
Hubieres resaltó que, aunque los fiscales puedan hacer expedientes sólidos, la corrupción en el sistema judicial continúa afectando el debido proceso.
Además, Hubieres cuestionó los contratos de transporte bajo el programa TRAE, señalando que algunos de estos contratos suman más de 11 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno utiliza 4 mil millones mediante proceso transparente en ese servicio estudiantil, beneficiando a sectores privados en detrimento del Estado.
En este contexto, destacó el caso de Hugo Beras y Jochy Gómez, quienes actualmente enfrentan prisión. Según Hubieres, existen otros contratos que representan mayores irregularidades financieras que el de Beras, dijo que el Intrant involucra unos 16 mil millones de pesos bajo la modalidad de 90% para el sector privado y un pírrico 10% para el gobierno dominicano.
Hubieres afirmó que “todos quieren lavarle el rostro a Hugo”, pero que él le había advertido sobre las consecuencias de estos acuerdos.
Criticó además las alianzas público-privadas, señalando que los fondos destinados a estos contratos podrían ser empleados en una reforma fiscal para el beneficio del país.
Hubieres se pronunció sobre el fallecimiento del joven Alexander Silva, de 16 años, abatido por un agente de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) en Sabana Grande de Boyá, y solicitó que el jefe de la Policía Nacional y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, entreguen a los agentes involucrados para que respondan ante la justicia, denunciando la impunidad con la que actúan algunos agentes en perjuicio de ciudadanos que no les representan amenaza.
El exdiputado expresó su respeto por la procuradora Miriam Germán y la magistrada Yeni Berenice Reynoso, destacándolas como figuras de integridad en el sistema judicial dominicano.