Judicializar los delitos electorales

En el curso de su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicación Corripio en unión de otros magistrados y funcionarios de la Junta Central Electoral, su presidente, el doctor Julio César Castaños Guzmán, entre otros temas abordó el de la compra de votos calificándola de práctica deleznable.

Es un término apropiado para etiquetar la naturaleza de esta vergonzosa práctica mercantilista que comercia con la pobreza material y falta de criterio ciudadano de quienes se prestan a vender su voto, y muchas veces es ejecutada a plena luz a las puertas mismas de los recintos electorales. De presencia reiterada en todos los procesos electorales,  compromete por igual la responsabilidad de los diferentes partidos políticos, tal solo diferenciada por la cuantía de recursos de que disponga cada uno para ejercerla.

Paradójicamente resulta también frecuente objeto de queja y denuncia partidaria en el caso de las organizaciones que no resultan favorecidas en el escrutinio de las urnas como alegada causa de su derrota, arrojando la carga de culpa sobre los organismos electorales a los cuales reprochan no poner freno a la misma.

Pero como bien hace notar Castaños Guzmán no existe el menor registro en ninguno de los procesos comiciales de denuncias formales llevadas a los tribunales reclamando la aplicación de castigo para este delito que califica penalmente como “soborno”.  Ni la Junta, pese a contar con la Policía Militar Electoral para garantizar el orden y seguridad en los colegios, dispone de la facultad jurídica para poder sancionar penalmente tales casos.

¿Qué puede y piensa hacer la Junta para combatir esta práctica?  Según su presidente y hasta donde alcanzan sus posibilidades se proyecta la instalación de un centro de llamadas para recibir denuncias sobre la compra-venta de votos, de tal modo que se pueda alertar a las autoridades del orden para que procedan en consecuencia, apresando y sometiendo a los infractores.

Ahora bien para que pueda funcionar con relativa eficacia será preciso contar con el compromiso de los propios partidos políticos de renunciar a dicha práctica y la colaboración su personal militante destacado en los colegios el día de los comicios, los observadores de Participación Ciudadana y de cualquier otra entidad debidamente acreditada y los ciudadanos conscientes para convertirse en vigilantes de dichos casos en el momento en que ocurran.   Su labor no debe quedar limitada a denunciar la compra venta de los votos después que pase la prueba comicial, sino contribuir a impedirla.  Quizás no pueda erradicarse del todo, pero al menos se dificultaría grandemente el tráfico mercantil del voto.  Esto así, sobre todo, si una vez los responsables sometidos a la justicia reciben la sanción ejemplar que amerita su delito, con lo que se enviaría al mismo tiempo un vigoroso mensaje de advertencia de que tales actos no quedarán impunes.

Durante su discurso este pasado martes al inaugurar el nuevo año judicial, el presidente de la Suprema Corte instó a los jueces a que no les temblara el pulso al momento de impartir de justicia.  De esperar que así ocurra también al momento de sancionar la compra venta de votos como un delito grave, o cualquier otro intento de tratar de violentar la libre decisión del ciudadano votante, o de falsear los resultados comiciales que deben reflejar con toda exactitud y pulcritud la voluntad mayoritaria del electorado.