SANTO DOMINGO.- El juez Napoleón Estévez Lavandier, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), fue designado como el magistrado de instrucción especial para autorizar las diligencias de investigación del Ministerio Público contra el diputado Sergio Moya, tras su mención en la operación Calamar.
La designación de Lavandier fue realizada por medio de auto emitido por el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina.
Fue la semana pasada cuando representantes del órgano acusador informaron que solicitarían un juez especial para llevar el caso del legislador, debido a que Moya cuenta con inmunidad parlamentaria por su condición de diputado.
El representante en el Congreso Nacional de la circunscripción número tres del Distrito Nacional fue mencionado por los delatores de ese caso como la persona que dirigía una supuesta red que extorsionaba a las bancas de lotería.
Según los listados del Ministerio de Hacienda, Sergio «Gory» es dueño de al menos 20 bancas Merengue Sport.
Versión de los delatores
Con lujos de detalles, los delatores del Ministerio Público en la operación Calamar, detallaron el papel que supuestamente realizaba el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Según el interrogatorio Mimillo, admitió que participó en una estructura que extorsionaba a dueños de bancas de lotería, deportivas y de máquinas tragamonedas en colmados y dijo que por un tiempo el diputado Sergio Moya era el «coordinador de la organización, justo después de la salida de Fernando Crisóstomo».
Este entró al proyecto según se explica en el documento, una vez Fernando Crisóstomo salió del mismo, Ya que asegura Sergio Moya tenía experiencia en la Banca.
Al frente del proyecto, Gory duró aproximadamente “ocho meses”; según narró Ramón Emilio Jiménez; luego relata desde el Congreso se sometería una ley para regularizar las bancas ilegales, por lo que el tema duro asegura hasta el inicio de la Pandemia.
Cómo ganancia durante el período de Sergio Moya y Crisóstomo, Mimilo asegura recibió ganancias por 148 millones. A Juicio de José Dantes, Secretario legal del PLD tanto Gory como los delatores deben ser investigados.
Asegura además los testigos fueron obligados a firmar.
Por cuarta ocasión los involucrados en esta investigación volverán este viernes para continuar en el conocimiento de la solicitud de medida de coerción de los 20 acusados.
