Juez ordena a Bolsonaro no usar públicamente la palabra lepra por considerarlo discriminatorio
La entidad basó su argumentación en una ley sancionada el 29 de marzo de 1995 por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que regula el asunto.
Río de Janeiro.- Un juez brasileño ordenó este martes al presidente del país, Jair Bolsonaro, «abstenerse» de usar públicamente el término «lepra» para referirse a la enfermedad de Hansen por ser discriminatorio, algo que está regulado por ley.
El magistrado Fabio Tenenblat, de Río de Janeiro, aceptó parcialmente una petición del Movimiento de Reintegración de las Personas Afectadas por la Enfermedad de Hansen, que denunció al mandatario por utilizar «lepra» en diciembre durante un discurso.
La entidad basó su argumentación en una ley sancionada el 29 de marzo de 1995 por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que regula el asunto.
El artículo primero de ese texto recoge que «el término ‘lepra’ y sus derivados no pueden ser utilizados en el lenguaje empleado en los documentos oficiales de la Administración central y descentralizada del Estado y los estados miembro».
En la misma ley se enumera una seria de opciones con la terminología correcta, en caso de que las autoridades deseen pronunciarse sobre dicha dolencia infecciosa.
Para la asociación, la palabra «lepra» tiene un «acentuado contenido discriminatorio y estigmatizador» para las personas afectadas por esa enfermedad y sus familiares.
El juez consideró como un «documento oficial» el discurso que Bolsonaro pronunció en una ceremonia oficial de la Presidencia en el interior del estado de Santa Catarina (sur), que fue además retransmitida por la televisión nacional brasileña.
En este marco, apreció que el mandatario «infringió la referida norma» y determinó que «el Estado y quien lo represente bajo cualquier título, incluido el presidente de la República, se abstengan de utilizar el término lepra y sus derivados».
«En nuestro país, nadie puede excusarse de cumplir con la ley, alegando que no la conoce, ni siquiera, por supuesto, el presidente de la República. De hecho, sería absurdo pensar que tal autoridad estaría exenta de cumplir con el ordenamiento jurídico nacional», aseveró el juez.
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