SANTO DOMINGO.- La jueza Yanibet Rivas del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y varió la prisión preventiva a Francisco Pagán, Aquiles Alejandro Christopher y Julián Esteban Suriel Suazo, acusados en el caso de corrupción Operación Anti-Pulpo.
La magistrada dictó que los imputados guarden arresto domiciliario mientras dure la pesquisa. Además, otorgó un plazo de tres meses, hasta el 6 de diciembre, solicitado por el órgano fiscalizador para ampliar su investigación y presentar su acusación formal en contra de Juan Alexis Medina y los demás imputados del Caso Pulpo.
El órgano persecutor había solicitado la variación de la medida de coerción por arresto domiciliario a tres de los involucrados del caso que colaboran con el desarrollo de la investigación en el proceso judicial.
Recordó que el Ministerio Público ha sido coherente en el sentido de que, “cuando los imputados colaboran con la investigación, esto reduce, incluso, el peligro de fuga y, hemos entendido nosotros que, en este y en otros casos, deben recibir un tratamiento diferente”.
Por este caso cumplen prisión preventiva, desde diciembre pasado, además de Medina Sánchez, el imputado Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez y José Dolores Santana Carmona, testaferros de Medina Sánchez.
Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, cumple arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper, permanece en un espacio controlado con un localizador electrónico.
El ex contralor general Rafael Antonio Germosén permanece en arresto domiciliario, mientras que Domingo Antonio Santiago, otro de los imputados de ser prestanombres del cabecilla de la red de corrupción, cumple una medida de coerción consistente en presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público.
La Operación Anti Pulpo, que mantiene abiertas nuevas líneas de investigación, develó a finales de 2020 un entramado societario que se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario, en montos que siguen en aumento en la medida que se incorporan nuevas evidencias.
El expediente del caso detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para establecer un amplio entramado de corrupción.
Esas compañías no registraban ni el capital ni el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron contratadas de forma privilegiada.
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