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Jueza envía a juicio de fondo a los imputados en casos Coral y Coral 5G

Justicia

En este caso, la acusación ha presentado cargos contra 48 personas, 30 individuos y 18 entidades jurídicas, por defraudar al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos.

Jueza envía a juicio de fondo a los imputados en casos Coral

SANTO DOMINGO.- La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, envió este lunes a juicio de fondo a los imputados del caso Coral, vinculados a supuesta red de corrupción administrativa.


Al acoger la solicitud que previamente había hecho el Ministerio Público, la jueza tomó la decisión además de Adán Cáceres Silvestre, en contra de Rossy Guzmán Sánchez, conocida como «La Pastora«, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

También fueron enviados a juicio de fondo Erasmo Roger Pérez Núñez, mano financiera de Adan Cáceres, según acusación; Kelman Santana; Hacienda Kelman, Santiago Suárez,  David Padilla, Epifanio Peña Lebrón e Iglesia Bautista.

Se alega que la sustracción de los recursos estatales ocurrió durante los dos períodos de gobierno de Danilo Medina, a través del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).


Estas entidades estaban bajo el mando del mayor general Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou, quienes son los principales acusados en el caso de corrupción.


Mientras que en la Operación Coral 5G, también están siendo procesados el general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.


El proceso también involucra a Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.


En este caso, la acusación ha presentado cargos contra 48 personas, 30 individuos y 18 entidades jurídicas, por defraudar al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos.

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