Muchas veces se tiene la impresión de que independientemente de la trascendencia de determinados asuntos, los mismos van quedando relegados en la discusión o guardados en el archivo nacional de los olvidados estudios, ya sea porque un tema mata a otro o porque la dilación en la discusión es tal, que se diluyen las ansias en el camino.
En adición, la agenda nacional se maneja como una cartelera de cine, con la cual nos entretienen con continuos estrenos que agotan a los interlocutores de la sociedad, quienes no dan abasto para atenderlos y pierden fuerzas para impulsar los asuntos de su primordial interés.
Las administraciones peledeístas astutamente han apostado también a debilitar la sociedad civil conquistando con apetecibles salarios a algunos de sus exponentes o granjeándose la complacencia de otros, así como a la oposición, azuzando divisiones a lo interno de los principales partidos, lo que sumado a un inusitado gasto en publicidad, genera una gran desproporción de fuerzas a su favor.
Por eso incluso en relación con algunos temas por más importantes que estos sean, por muchas consecuencias negativas que se deriven de los mismos, son capaces de descaradamente no hacer nada y dejar que los reclamos se choquen contra una impasible pared.
Así las cosas, aunque desde el inicio de su gestión la actual JCE expresó la necesidad de que se aprobara la modificación a la ley electoral y la ley de partidos antes de que finalizara el pasado año 2017, nada sucedió, y aunque extendieron in extremis dicho plazo hasta que venza la primera legislatura de 2018, más que avances hay retrocesos en la discusión de dichos proyectos de leyes cuya aprobación se espera desde hace mucho tiempo.
Igual sucede con el caso ODEBRECHT, cuando las autoridades se dieron cuenta que la magnitud del escándalo y la presión que ejercían las acciones tomadas en los demás países del círculo de corrupción estaban despertando un fuerte reclamo ciudadano, calmaron los mismos con la imputación de un grupo de personas, que ni comprende todas las que deberían ni quizás todas las que están deberían estarlo. También promovieron un acuerdo con dicha empresa para tener acceso a informaciones y obtener el pago de 184 millones de dólares, el doble de los supuestos montos otorgados en soborno, y luego de un año ni tenemos acusación, ni nuevos imputados y lejos de haberse obtenido informaciones y resarcimientos, lo que está en el horizonte es la amenaza de que tengamos que pagarle a dicha empresa 708 millones de dólares por supuestos incrementos en los costos de construcción de las plantas de Punta Catalina.
El sector eléctrico por su histórico y continuo déficit es un problema tal para los usuarios y nuestras finanzas que hubo que ordenar mediante la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que a más tardar en enero de 2013 debía arribarse a un pacto para solucionar su crisis estructural. Sin embargo, no solo se inició su discusión a dos años de vencido dicho mandato, sino que la misma se alargó por 3 años, se dejó de lado todo lo que no era del agrado del gobierno como Punta Catalina, y habiendo transcurrido meses desde que se finalizara su discusión por los pocos que resistieron el cansancio, el gobierno simplemente ha decidido aplazar indefinidamente su firma.
Si queremos alcanzar avances en los temas nacionales, debemos darnos cuenta de que la discusión de los mismos es un juego que solo podremos ganar si logramos que las autoridades no se sigan sintiendo dueñas de la cancha, de la bola, del calendario y del tablero marcador, en el que consiguen vencernos por cansancio.