Por: Aris Beltré
Santo Domingo.- El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, dictó la madrugada de este sábado auto de apertura a juicio de fondo al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y a 14 implicados más del caso de corrupción administrativa denominado Medusa.
Asimismo, emitió auto de no ha lugar en favor de una imputada y de 12 empresas en calidad de tercero civilmente responsables.
Por aproximadamente 15 horas se extendió la audiencia, luego de decenas de incidentes procesales y más de 25 acuerdos de culpabilidad, el Juez Amauri Martínez, dispuso enviar a juicio de fondo al exprocurador jean Alain Rodríguez.
Asimismo, el tribunal envió a juicio de fondo a Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercedes Marte, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Jonathan Loanders Medina, Isis Tapia Stefanni y Félix Antonio Rosario Labrada.
También a Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Los tipos penales que se le imputan al exprocurador son asociación de malhechores, soborno, desfalco, estafa, coalición de funcionario, financiamiento político, sustracciones cometidas por los funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada y lavado de activos.
Además, el magistrado Martínez excluyó los tipos penales consistentes en falsedad en escritura, uso de documentos falsos y autor ilícito de daños o alteración de datos y sabotaje ciberdelitos por entender que no se configuraban los elementos constitutivos de los mismos en cuanto a los hechos y las pruebas.
El tribunal decidió además mantener las medidas de coerción que pesan sobre Jean Alin Rodríguez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Rafael Antonio Mercedes Marte, consistente en arresto domiciliario, garantía económica y colocación de localizadores electrónicos, ya que no han variado los presupuestos ante la ausencia de novedades para cesarlas.
El tribunal emitió un auto de no ha lugar en favor de Sara María Fernández de José, en razón de que los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público resultaron insuficientes para fundamentar la acusación.
De igual forma, emitió auto de no ha lugar a favor de los terceros civilmente demandados por el Estado Dominicano.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado para conocer el caso el 5 de julio del 2022, donde se celebraron decenas de audiencias. El tribunal procedió a cerrar los debates el 4 de junio de 2024, para evaluar los pedimentos de las distintas defensas técnicas, quien luego de ponderarlas, dictó auto de apertura a juicio de fondo. La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 05 de agosto.
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