Julio Cury califica de inconstitucional la nueva Política de Protección de Datos del Poder Judicial

Sostiene que excede las competencias de la Suprema Corte de Justicia y vulnera derechos fundamentales

Santo Domingo.– El abogado Julio Cury criticó este martes la reciente Política de Protección de Datos presentada el 14 de noviembre por el Poder Judicial, calificándola como un «exceso de poder».

La política busca proteger datos personales considerados innecesarios en las decisiones judiciales, pero Cury considera que esta medida es inconstitucional y sobrepasa las facultades de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El jurista señaló que la SCJ no tiene la autoridad para establecer normativas de esta índole, ni mediante resoluciones reglamentarias. «Los derechos fundamentales, como el acceso a la información, solo pueden ser regulados por leyes orgánicas aprobadas por el Congreso, no por resoluciones de la SCJ».

En su opinión, esta nueva política intenta regular el derecho a la información, restringiendo el acceso público a ciertos datos relacionados con los casos judiciales. Para Cury, esto representa una vulneración a principios establecidos en la Constitución. «Es una resolución inconstitucional, ya que la SCJ no tiene la potestad para hacer esto», expresó con firmeza.

El abogado recordó que ninguna autoridad pública puede asumir competencias que no le han sido expresamente otorgadas por la ley. Recalcó que el artículo 44 de la Constitución, que garantiza el derecho a la información, es un derecho fundamental que no puede ser limitado mediante una resolución administrativa.

Cury también manifestó su respaldo a la postura de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), que ha señalado que la política del Poder Judicial constituye un intento de legislar de manera unilateral, violando el acceso público a los expedientes judiciales.

La nueva política ha generado polémica en diversos sectores, especialmente entre los abogados y los medios de comunicación, quienes cuestionan sus implicaciones para la transparencia y el derecho al acceso a la información pública.