Por: Ana Paula González
Santo Domingo.- La Junta de Vecinos Los Cacicazgos, Incorp, denuncia a la opinión pública, en general, que tras presentar querella y constitución en actor civil en fecha 7 de abril del año 2022 contra la señora Jenny Jennifer Taveras Lopez como administradora del Colegio Baby First School que opera en la calle Onaney, No. 13, esquina Canasibana, sector Los Cacicazgos, D. N.
Tras ser dictada decisión judicial de cierre y suspensión del uso de suelo ilegal que opera con la instalación del colegio en la indicada dirección, decisión contenida en la Res. Penal No. 079-2022-SRES-00012 dictada en fecha 11 de julio del año 2022 por la Primera Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales.
El colegio en cuestión sigue operando ante la mirada indiferente del Ministerio Público, no obstante todas las solicitudes e intimaciones a ejecutar la precitada decisión judicial que hemos realizado a la fecha.
Tras el desacato de la decisión judicial ya citada, el Ministerio Público solicitó entonces medida de coerción personal consistente en prisión domiciliar contra la indicada señora Jenny Jennifer Taveras Lopez, lo que dio lugar al Expediente No. 079-2022-004, presentando posteriormente acusación contenida en el Expediente No. 079-2022-006.
Ambos expedientes se encuentran estancados desde el mes de mayo del año 2024, cuando el abogado de la indicada señora señala haber recusado a la Fiscalizadora Sumaya Acevedo (hoy fallecida), a la Magistrada Rosalba Ramos, Procuradora Fiscal Titular del D. N., al Procurador General de la Cámara Penal Magistrado José Del Carmen Sepúlveda, y, no obstante la normativa, contra todo aquel de manera genérica que pudiera decidir las llamadas recusaciones.
Las recusaciones son personales, no genéricas, es imposible recusar a fiscales que no son parte de un proceso, por lo que denunciamos la actuación reiterada de la magistrada Sofia Bruno de los Santos, Juez de paz interina de la Primera Sala del Juzgado de Paz.
Para Asuntos Municipales del D. N., resulta igualmente irregular, sobre todo porque violenta el principio de la separación de funciones entre el Ministerio Público y el juez, máxime porque ha sido designado el magistrado LUIS PEÑA CEDEÑO para conocer dicho proceso (sin que medie recusación contra el mismo) y le impide accionar, amenazando incluso con declarar el desistimiento de la acusación por falta del Fiscal estando el precitado fiscalizador presente en cada audiencia.
Aún más, denunciamos a la opinión pública no solamente que el precitado colegio se mantiene operando, la sentencia de suspensión que pesa sobre el mismo, sino que ahora pretende cambiar su nombre y mantenerse operando en la misma dirección, llamándose ahora Brillhant. DR para intentar evadir la justicia.
Denunciamos que la honorable magistrada Sofia Bruno ha producido una gran mora judicial en los procesos de referencia, colocando a la víctima en indefensión, ante la necesidad de ser escuchada en un juicio imparcial en un plazo razonable, tras un (1) año de aplazamientos, amenazando con extinguir el proceso.
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