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Jurista considera proyecto que busca establecer zonas de tolerancia contraviene derechos fundamentales

Jurista considera proyecto que busca establecer zonas de tolerancia contraviene derechos fundamentales
Jurista considera proyecto que busca establecer zonas de tolerancia contraviene derechos fundamentales

Prostitución en RD.

El abogado Julio Cury consideró este jueves que el proyecto de ley presentado por la diputada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por San José de Ocoa, Esther Myrelis Mynyetti, que busca establecer zonas de tolerancia para ejercer la prostitución en el país, contraviene derechos fundamentales.

Explicó que “aunque el proyecto persigue contrarrestar el peligroso auge este fenómeno social, la delimitación de zonas exclusivas para la prostitución implica tácitamente una discriminación en perjuicio de quienes se dedican al comercio sexual”.

Cury, quien es miembro del Consejo Asesor Presidencial del candidato del PRD, Hipólito Mejía, aseguró que la que marginalidad que contempla la iniciativa legislativa “es indudablemente violatoria del derecho a la igualdad que el Estado está obligado a promover y garantizar de conformidad con el articulo 39 de la Constitución”.

No obstante reconocer que la prostitución está fuera de control en el país, el destacado jurista insistió en que crear “zonas rosas” no es una solución social ni legal. “Todos los dominicanos gozan de las mismas libertades sin discriminación de la condición social o personal que tengan”.

Cury manifestó que la exclusión que plantea el proyecto, a pesar de que pudiera ayudar a tener un mayor control sanitario, también convertiría las zonas de tolerancia en lugares con altos grados de perversión y delincuencia.

“Pero de todos modos, la marginalidad que se propone contraviene el derecho a la igualdad y a la dignidad humana que reconoce la Constitución y tratados internacionales de los cuales el país es signatario, y que de conformidad con el numeral 3 del articulo 74 de la Carta Sustantiva, tienen jerarquía constitucional”, expuso.

Adujo que en el país la prostitución en mujeres mayores de edad no es un delito, pero tampoco es un trabajo ni un servicio protegido por la ley, sin viabilidad legal de sindicarse ni beneficiarse de la seguridad social. No obstante, enfatizó que “es un esfuerzo estéril circunscribir territorialmente la prostitución porque no evitará que siga practicándose, y  no hay otro remedio que tolerarla como mal menor, es decir, como una conducta inmoral penosamente común”.

 

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