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Juristas consideran dominicanos deben apostar por éxito plan naturalización

Juristas consideran dominicanos deben apostar por éxito plan naturalización
Juristas consideran dominicanos deben apostar por éxito plan naturalización

naturalizaciónSANTO DOMINGO, República Dominicana.– En un panel que los reunió para hablar sobre la ley 169-14 que establece un régimen especial de regularización y naturalización, Flavio Darío Espinal, Olivo Rodríguez y Eduardo Jorge Prats coincidieron en destacar la oportunidad que su exitosa aplicación ofrece al país, de cara a su desarrollo democrático y ante la comunidad internacional.

También estuvieron de acuerdo en que el debate generado por la sentencia 168/13 dictada por el Tribunal Constitucional ha generado en el país una dinámica democrática nunca vista, que ha motorizado la acción del Estado, en el marco de la Constitución de 2010 y su renovada concepción de la vida en democracia.

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) a través de Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), organizó el panel “Régimen Especial de Regularización y Naturalización”, moderado por el rector de la academia, doctor Marcos Villamán.

Olivo Rodríguez Huertas, quien encabezó junto a Flavio Darío Espinal el equipo de especialistas en derecho público que redactó la ley 169-14, introdujo el panel con una explicación sobre la situación jurídica y política que se generó en torno a Sentencia 168/13.

Destacó que al margen de las discrepancias que se produjeron entre abogados y amplios sectores de la sociedad dominicana, el debate se constituyó en una gran oportunidad para que el país de pasos claves hacia la constitucionalidad.

Valoró el hecho de que dicha sentencia haya motorizado la acción del Estado, hasta lograr la promulgación de la ley 169-14 respetando el marco constitucional.

El experto en Derecho Constitucional ponderó la “operatividad” de la Constitución de 2010, la cual, afirmó, hizo posible que lograra una salida alternativa a la cuestión jurídica que planteó la sentencia 168/13, en lo que respecta a la nacionalidad.

Espinal resaltó, por su lado, que el debate generado en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional puso en evidencia la tensión que típica que se da entre el derecho y la política, en el marco del Derecho Constitucional. Toda nación que haya tenido un Tribunal Constitucional ha sido testigo, recordó, de grandes controversias por decisiones que han estremecido sus sociedades.

En el caso dominicano, la sentencia del Tribunal Constitucional generó un debate de mucha intensidad, imprevisto para todos los actores, con una repercusión internacional a la que no llegó ni siquiera la crisis electoral de 1994, apuntó Espinal.

Tras explicar las diferentes opciones que se manejaron para buscar una solución, que tenía como uno de los puntos críticos el tema de los desnacionalizados, Espinal resaltó que la solución ideal fue recurrir a los principios democráticos establecidos en la Constitución de 2010. “La Ley le pone atención a lo que se derivó de la sentencia, no a la sentencia misma”, apuntó. También se refirió al hecho de la dicha Ley repara en que la sentencia también consignó que el Estado dominicano incurrió en imprevisiones.

El exembajador dominicano ante Estados Unidos también destacó que con la ley 169-14 se dio respuesta a partir de los postulados constitucionales dominicanos, por lo que en la misma no hay referencia alguna al Derecho Internacional y tratados internacionales.

El experto constitucionalista subrayó que los dominicanos deben estar muy conscientes del serio problema que tienen por la realidad del pueblo haitiano, su crisis económica, social e institucional, lo que implica tomar decisiones importantes para que el plan de regularización sea exitoso y la sociedad dominicana permita y haga posible que los beneficiados se encaminen por una senda de progreso.

Jorge Prats inició su intervención exaltando que la aprobación de la Ley 169-14 constituye una muestra de madurez de los poderes políticos y las instituciones democráticas del país. Subrayó que dicha ley “pasa el test de la constitucionalidad”, y resuelve los problemas que generaron las irresponsabilidades en que incurrieron instancias públicas.

“La ley viene a pagar una deuda con las miles de personas que se vieron desnacionalizadas”, argumentó, tras reafirmar la dimensión humana del problema. La solución fue humana y constitucional, subrayó, para agregar que ésta permite que la República Dominicana pueda defenderse ante organismos como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Advirtió que como país pequeño, República Dominicana tiene que vivir conforme con el derecho, porque es lo único que tiene a su disposición.

Miembro de la comisión de juristas designada por el presidente de la República para la elaboración del Anteproyecto de Reforma Constitucional (2006-2009), Jorge Prats reiteró sus críticas a la sentencia 168/13 por considerarla “injusta” y reafirmó su criterio sobre el tipo de jurista que necesita una sociedad democrática, alejado del autoritarismo, y posturas psicorrígidas, conforme con al visión del constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky.

Jorge Prats hizo énfasis en la necesidad que tienen los dominicanos de trabajar con Haití, de propiciar su desarrollo para beneficio de ambos y dejar atrás el racismo que ha imperado y que hace de la dominicana una sociedad que reniega de su negritud.

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