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Juristas del PRD dicen es ilegítimo próximo gobierno y afirman elecciones son anulables

Fachada PRD

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión de Justicia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) afirmó este miércoles que el gobierno que surgirá luego del proclamado triunfo del candidato presidencial oficialista, Danilo Medina, es ilegítimo  y que el mismo es producto de “un gran fraude contra la voluntad popular”.

Agregaron que desde el punto de vista jurídico las pasadas elecciones son anulables según los preceptos de la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos civiles y políticos vigentes y la ley electoral de la República Dominicana.

Alberto Tavárez, presidente de la entidad, aseguró que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le impidió al pueblo ejercer libremente su derecho al voto mediante la alegada manipulación de los medios de comunicación, el control absoluto de la Junta Central Electoral (JCE), la compra masiva de cédulas, la persecución, intimidación y  apresamiento de dirigentes políticos de oposición mediante el empleo de los mandos militares y policiales, así como la “avasallante” utilización de los recursos del Estado a favor del PLD.

Este planteamiento coincide por lo señalado este martes por el ex presidente Hipólito Mejía.

Los juristas del partido blanco dijeron que en el pasado proceso electoral la democracia dominicana retrocedió a la época de los años 70s, en las que el uso abusivo de los recursos del Estado y la utilización de las fuerzas militares y policiales eran los instrumentos principales utilizados por el gobierno para perpetuarse en el poder.

Tavárez abogó por el establecimiento de un gran pacto democrático entre el gobierno, los partidos políticos y las organizaciones religiosas y de la sociedad civil, mediante el cual se creen mecanismos eficaces para la despolitización de la JCE, el Tribunal Superior Electoral y el Poder Judicial.

También favoreció la promoción de una reforma profunda de la legislación electoral que erradique las prácticas del clientelismo, el transfuguismo y la utilización de los recursos del Estado en las campañas electorales. Asimismo, que se designe por consenso el Defensor del Pueblo y se designe un Fiscal Nacional Anticorrupción.

Por otra parte, el organismo técnico perredeísta hizo un llamado al gobierno para que detenga la supuesta represión contra miembros de esa organización política en diferentes puntos del país, especialmente en la provincia Sánchez Ramírez donde dice están siendo perseguidos los dirigentes Ovi Saldívar, Sergio Núñez, Sadoki Duarte y Bienvenido Lazala, entre otros.

 

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