Justicia argentina pide captura de juez que huyó a Chile pero con condiciones
Otilio Romano acusado por 103 delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983)
BUENOS AIRES, Argentina.– La Justicia argentina ordenó la captura internacional del juez argentino Otilio Romano, que huyó a Chile al ser suspendido en su cargo por 103 delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983), confirmaron hoy a Efe fuentes ligadas al caso.
El pedido de captura fue dispuesto por el juez Walter Bento, de la provincia argentina de Mendoza (oeste), quien sin embargo supeditó esta solicitud a que Romano sea destituido como magistrado.
«Romano está suspendido como juez y sin goce de salario, pero Bento entiende que, hasta que no sea destituido, tiene fueros», dijo a Efe el abogado Pablo Salinas, uno de los querellantes en la causa que investiga a Romano por su presunta participación en 103 delitos cometidos durante la última dictadura militar.
El letrado anticipó que tanto él como el fiscal general de Mendoza, Omar Palermo, apelarán la decisión de Bento pues, a su juicio, Romano perdió sus fueros al momento de «fugarse» a Chile.
Salinas dijo que un tribunal de alzada deberá expedirse sobre esta apelación en un plazo de una semana.
«Si nos da la razón, la orden de captura será enviada a Chile», señaló.
El Consejo de la Magistratura de Argentina, organismo encargado de la designación y remoción de jueces, resolvió el jueves pasado «suspender el pago de haberes» (salario) a Romano.
Se trata de un paso intermedio hacia el juicio de remoción de Romano que el consejo planea iniciar antes de fin de año.
Romano, juez de la provincia de Mendoza, fue suspendido el 25 de agosto, pero un día antes viajó a Chile, donde solicitó asilo político y ya obtuvo una visa de residencia de ocho meses.
Interpol comunicó la novedad hace una semana a Bento, quien, después de que se conociera la salida de Argentina de Romano, le citó a declarar por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos cuando era fiscal de esa provincia vecina a Chile.