Justicia chilena condena a otros 14 civiles por fraude en Carabineros

Según fuentes consultadas por Efe, los incriminados accedieron a un procedimiento abreviado, en el que acataron penas que van desde 541 días a 3 años de cárcel, más diversas multas.

Todos ellos están vinculados a uno de los cabecillas de la defraudación, el retirado suboficial mayor de la Policía uniformada José Inapaimilla Vergara, a quien le cedían sus cuentas bancarias para recibir dineros desde la institución, golpeada fuertemente por casos de corrupción.

La fiscal Karina Guajardo explicó a los periodistas que todos los implicados son civiles, la mayoría obreros de la construcción.

«No tenían mayor vinculación con Carabineros, pero fueron reclutados por Inapaimilla y la mayoría recibió por una sola vez un pago de 20 millones de pesos (unos 28.000 dólares)», precisó Guajardo.

Indicó que los acusados básicamente se encargaron de facilitar su cuenta bancaria y en recompensa se quedaban con una comisión de unos 300.000 pesos (unos 450 dólares).

Los primeros juicios abreviados comenzaron a mediados de mayo en el marco de la arista «cuentacorrentistas» del millonario fraude, donde hay al menos 52 uniformados y un número indeterminado de civiles que facilitaron sus cuentas para recibir los recursos que eran desviados de la institución.

La investigación del fraude, el más grande en la historia de Carabineros, comenzó a raíz del informe de un banco a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por una transacción de dinero sospechosa bajo las nuevas leyes de lavado de activos.

La UAF creyó que podía tratarse de una transacción relacionada con el narcotráfico y alertó a la unidad especializada en esos delitos de Carabineros, que comprobó que una suma cercana a los 300 millones de pesos (unos 450.000 dólares) había sido depositada en la cuenta de un teniente de la institución.

Los casos de corrupción en esta institución han afectado incluso a varios exdirectores generales de la Policía uniformada, que hasta saberse de esos hechos era la mejor evaluada por la ciudadanía.

Más de una treintena de los imputados se encuentran en prisión preventiva desde 2017.