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Justicia de Perú acepta tramitar recurso para liberar líder de grupo terrorista por COVID-19

Justicia de Perú acepta tramitar recurso para liberar líder de grupo terrorista por COVID-19
Justicia de Perú acepta tramitar recurso para liberar líder de grupo terrorista por COVID-19

LIMA.- La Justicia de Perú aceptó a trámite un hábeas corpus presentado contra las autoridades penitenciarias del país por una “amenaza cierta e inminente” al derecho a la vida y la salud del encarcelado líder y fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, por la epidemia de COVID-19.

El recurso fue admitido por la sala mixta de emergencia del Poder Judicial, que anuló una primera resolución judicial que el 9 de abril había rechazado ese recurso, presentado por el abogado de Guzmán, Alfredo Crespo, informaron este martes medios locales.

En cumplimiento de la decisión, el juez Ángel Romani, de la Corte Superior de Lima, pidió este domingo a las autoridades de la Base Naval del Callao, donde Guzmán cumple cadena perpetua, y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), información sobre su salud y las medidas tomadas para evitar que se contagie de la enfermedad.

INFORMACIÓN URGENTE

El juez agregó que se debe detallar si el fundador de Sendero “ha presentado sintomatología de contagio con el COVID-19, y de haber reportado positivo si se le está brindando el tratamiento”.

Además, solicitó que se precise, “con carácter de urgencia”, si Guzmán, quien tiene 85 años, está recibiendo medicinas “para sus enfermedades prexistentes”, así como “control médico”.

Fuentes del Poder Judicial señalaron al diario Perú21 que si Guzmán contrae el COVID-19 podría ser trasladado a una celda en el expenal San Jorge, en el centro histórico de Lima, donde se ha habilitado un centro de atención de salud para los encarcelados.

En la Base Naval del Callao solo hay 10 internos, entre ellos Vladimiro Montesinos, el exasesor del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), por lo que las fuentes judiciales consideraron que “no existirían elementos para avizorar una amenaza cierta e inminente” de que Guzmán se contagie del COVID-19.

RECURSO ANTE LA CIDH

El pasado 9 de abril, Alfredo Crespo presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el argumento de que la vida y la salud de Guzmán se encontrarían en riesgo por la pandemia del COVID-19 en Perú.

Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) respondió que la salud del cabecilla de Sendero “no está en riesgo” y, más bien, manifestó su “preocupación” por esta solicitud, por lo que instó al organismo internacional a “no dejarse engañar por argumentos descontextualizados y ajenos a la realidad”.

Crespo recurrió ante la CIDH después de que la justicia peruana rechazara el pasado 24 de marzo, en primera instancia, su solicitud para que Guzmán cumpla su condena a cadena perpetua en arresto domiciliario, lo que llevó a la apelación luego resuelta por la sala mixta de emergencia del Poder Judicial.

PRISIÓN SIN HACINAMIENTO

La Comisedh sostuvo que, en su solicitud ante la CIDH, Crespo argumentó que el sistema penitenciario peruano se encuentra “en emergencia” por el hacinamiento carcelario, pero remarcó que “lo que no dice Guzmán y su defensa” es que en la prisión de la base naval del Callao, “no existe hacinamiento”.

“No hay más de 10 internos y Guzmán tiene, para él solo, dos ambientes. Además, cuenta con personal médico que les brinda atención permanente y exclusiva”, remarcó.

La Comisedh enfatizó que la situación de Guzmán “es muy distinta” a las de otros presos en Perú, “pues cuenta con privilegios con los que no cuenta ninguno de los casi cien mil internos de los 68 penales” del país.

Por ese motivo, instó a la CIDH “a no dejarse engañar por argumentos descontextualizados y ajenos a la realidad del solicitante” y recordó que Guzmán y sus principales lugartenientes fueron condenados el 13 de octubre de 2006 a cadena perpetua por los atentados y asesinatos que cometió Sendero Luminoso.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) consideró en su informe final de 2003 que este grupo de ideología maoísta fue el principal responsable de las casi 70.000 víctimas que dejó el conflicto armado interno que asoló a Perú entre 1980 y 2000.

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