La Haya. – La Justicia Internacional celebra este miércoles su aniversario con Ucrania, Libia, Palestina, Venezuela, Sudán, Myanmar o Afganistán sujetas a investigación en la Corte Penal Internacional (CIJ) por crímenes de guerra o lesa humanidad, mientras, expertos legales instan a levantar las condiciones que rodean su jurisdicción sobre el crimen de agresión.
El 17 de julio es el Día de la Justicia Internacional, que marca este año el 26º aniversario de la adopción del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, que da a este tribunal, con sede en La Haya, jurisdicción sobre los crímenes más graves: los de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos en Estados miembros, o por nacionales de estos en otros países.
Con motivo de este aniversario, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reafirmó el “apoyo inquebrantable” de la Unión Europea a la “única jurisdicción penal internacional permanente con una vocación universal”, y prometió “defender la integridad del Estatuto de Roma y la universalidad e independencia” de la Corte contra “cualquier intento de socavar” el sistema de justicia penal internacional.
En los últimos dos años, funcionarios de la CPI han sido objeto de amenazas y críticas por parte de países afectados por sus investigaciones, en especial Rusia e Israel (y sus aliados), así como de intentos de ciberataques y espionaje, lo que ha llevado a muchos Estados miembros a reforzar sus muestras de apoyo. El fiscal, Karim Khan, advirtió de que las amenazas con “represalias” también “pueden constituir un delito contra la administración de la justicia”.
Este miércoles marca el sexto aniversario de la activación de la jurisdicción de la CPI sobre el crimen de agresión, sensible para los países miembros, pero también de gran actualidad tras la invasión rusa de Ucrania.
Aunque este crimen estaba incluido en el Estatuto en 1998, se pospuso el ejercicio de jurisdicción sobre el mismo hasta 2018, cuando se acordó la definición y las condiciones. La CPI no puede juzgar este crimen si uno de los países involucrados no es miembro: Rusia no lo es y por tanto la CPI no puede, en las circunstancias actuales, juzgar a Moscú por la invasión misma, aunque sí por los crímenes que se comentan durante la guerra.
“La reciente escalada y la futura amenaza de actos de agresión en el ámbito internacional han destacado dramáticamente la necesidad de alinear la jurisdicción de la CPI sobre el crimen de agresión. Todos los Estados Parte tienen un fuerte interés en garantizar que su soberanía, integridad territorial e independencia política no sean violadas por actos de agresión”, advirtió este miércoles el Instituto Global para la Prevención de la Agresión (GIPA).
La GIPA es un grupo de expertos supervisados por figuras eminentes en el campo de la Justicia internacional, como la exfiscal de la CPI Fatou Bensouda y la expresidenta del tribunal, Silvia Fernández de Gurmendi, así como Richard Goldstone, exfiscal de los tribunales penales internacionales para Ruanda (TPIR) y la Antigua Yugoslavia (TPIY).
“Como lo demuestran los actos recientes y en curso de agresión, este no es un “crimen obsoleto” y puede producir una victimización masiva de una magnitud comparable, si no peor, que la victimización resultante de los otros crímenes principales”, señaló el GIPA.
La agresión rusa a Ucrania en 2022 puso en evidencia las complicaciones que tiene la CPI para juzgar este crimen. La Fiscalía tiene abierta una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Ucrania, y emitió ya seis órdenes de detención en relación con ello, incluido contra el presidente ruso Vladimir Putin.
La falta de jurisdicción sobre la “agresión” ha llevado a la apertura de un debate en la comunidad internacional sobre la necesidad de establecer un nuevo tribunal especial para el crimen de agresión a Ucrania, una idea que no comparte el fiscal Khan, que instó a fortalecer el Estatuto y transferir fondos a su oficina, en lugar de centrar los esfuerzos en otra parte.
“Lo mejor es ambos: extender el mandato a todas las agresiones futuras y celebrar un juicio en cualquier forma a la agresión actual de Putin, pero no hay voluntad política para ninguno”, explicó a EFE Marieke De Hoon, experta en Derecho Internacional.
Un tribunal especial necesita un amplio apoyo internacional y sería comparable al que acogió los Juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial. Y extender el mandato requiere el respaldo del Consejo de Seguridad, donde Rusia y Estados Unidos tienen veto, y Washington “siempre se ha mostrado reacio a la creación de un tribunal supranacional con jurisdicción sobre sus nacionales: justicia para los demás, pero no para sí misma”, lamentó De Hoon.