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Justicia y Transparencia pide al gobierno reflexionar sobre reforma tributaria

Justicia y Transparencia pide al gobierno reflexionar sobre reforma tributaria
Justicia y Transparencia pide al gobierno reflexionar sobre reforma tributaria

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), instó al gobierno a reflexionar sobre la reforma tributaria recién aprobada y promulgada, escuchando los reclamos del pueblo, en el entendido de que la misma, profundizaría aún más la crisis económica que vive el país, aumentando abismalmente la brecha entre ricos y pobres, además de prácticamente extinguir a la denominada clase media.

El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini, condenó el enfoque regresivo de la referida reforma, penalizando a los que tiene menos, con impuestos indirectos, en detrimento de las clases más desfavorecidas (los pobres), quienes en definitiva cargarán con la gigantesca cruz que hoy conocemos como déficit fiscal, estimado en más 180,000 mil millones de pesos, fruto del ejercicio irresponsable del poder por nuestra clase política.

Asimismo Justicia y Transparencia se permite presentar al país y al gobierno, un conjunto de medidas o plan alternativo, orientado a conjurar los efectos de la crisis económica, sin la necesidad de cargar al pueblo dominicano con más impuesto para tapar el hoyo financiero generado por los políticos, hoy con un proyectado remedio más fuerte que la enfermedad, bajo la modalidad de una reforma tributaria a todas luces inconstitucional y antidemocrática.

PLAN ALTERNATIVO PARA ENFRENTAR DÉFICIT FISCAL

Revisar, anular y/o renegociar en los casos que proceda los contratos del sector energético, investigando y estableciendo responsabilidades de los despropósitos registrados durante la pasada administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE, hoy denunciados por el actual vicepresidente ejecutivo de la CDEEE.

Eliminar los pasados viceministros y subdirectores sin sustento legal ni funciones que hoy se desempeñan en la administración pública bajo otra designación o nombre, y que continúan percibiendo salarios sin prestar ningún servicio.

Fortalecer los mecanismos de prevención y combate a la corrupción, haciendo especial énfasis en los escándalos denunciados en el INDRHI, BIENES NACIONALES, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO, EL MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS, FONPER Y LAS EGES, CDEEE, Y EL CASO DE LAS PENSIONES, entre otros.

Criminalizar la evasión fiscal, por ejemplo y conforme a estimaciones solamente el ITEBIS es evadido en más de un 30 por ciento.

Revisar los contratos intervenido entre obras públicas y el sector privado, hoy en manos en más de un 80% de dos empresas de capital brasileño, en desconocimiento y violación de la ley 340-06, sobre compra y contrataciones de bienes y servicios con el estado.

Revisión del contrato con la Barrick Gold para renegociar tanto los montos totales de oro que esa compañía afirma procesará durante sus operaciones, como el total pagado. En la actualidad se proyecta que se producirán entre US$34,000 a US$42,000 millones, con un pago total inferior a los US$9,000 millones para el Estado dominicano.

Eliminar el “barrilito” y el “cofrecito” y contemplar una ley, previo estudio y si fuere necesario, que establezca un fondo de asistencia social a cargo del Congreso, sometido a los controles legales y constitucionales de la república.

Transformación del régimen de financiamiento de los partidos políticos, implementando un nuevo sistema, para ser ejecutado solo en los dos años que preceden las elecciones, en virtud del cual, el financiamiento dependa exclusivamente de estudios de factibilidad y de costos de las acciones presupuestadas a nivel interno por las organizaciones políticas.

En resumen, se propone: 1ero. Eliminar la contribución anual para que sea entregada solamente durante los dos últimos años próximos a la campaña y contienda electoral, 2do. Disponer como condición previa para obtener el financiamiento que se deposite en la Junta Central Electoral un plan o estudio donde se expliquen las actividades a realizar por la organización y las necesidades presupuestarias que necesitaría, y conforme cronograma de ejecutorias comprobadas y auditadas, se vayan librando los fondos.

 

 

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