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Juzgado da plazo de 48 horas para definir cárcel donde irá Fujimori

Juzgado da plazo de 48 horas para definir cárcel donde irá Fujimori
Juzgado da plazo de 48 horas para definir cárcel donde irá Fujimori

LIMA.- La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú pedirá el lunes al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que defina, en un plazo de 48 horas, la cárcel donde será recluido el expresidente Alberto Fujimori, informó hoy el Poder Judicial.

A través de su cuenta en Twitter, la Corte Suprema agregó que esa solicitud se presentará el lunes, a primera hora, para que el INPE señale el establecimiento penal donde el sentenciado Fujimori “continúe con su tratamiento ambulatorio, tal como lo recomienda la Junta Médica”.

El informe de la junta de especialistas del Instituto de Medicina Legal, que evaluó a Fujimori el miércoles pasado en una clínica particular, indicó que “al momento de la evaluación el paciente se encuentra en condiciones estables, por lo que podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Hace una semana, la Corte Suprema ordenó que se evalúe la salud de Fujimori, de 80 años, para determinar cuándo podrá seguir cumpliendo su condena de 25 años como autor mediato (con dominio del hecho) de dos masacres cometidas por el grupo militar encubierto Colina y el secuestro de un periodista y un empresario.

El tribunal solicitó, además, que la clínica Centenario indique cuándo se dará de alta a Fujimori, quien está internado desde el 3 de octubre de 2018, cuando un juez dejó sin efecto el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017.

El exmandatario (1990-2000) fue sentenciado en el 2009, tras ser extraditado de Chile, a donde llegó de Japón en 2006, por delitos de lesa humanidad y de corrupción.

Fujimori ha permanecido en la clínica en medio de sospechas de que su prolongado internamiento es una estrategia para evadir la orden judicial, en tanto espera que se resuelva una apelación que ha presentado a la anulación de su indulto.

En noviembre pasado, el INPE elaboró un primer informe médico que señaló que Fujimori padece de hipertensión arterial no controlada, problemas cardiacos, fibrilación auricular paroxística y cardiopatía coronaria crónica.

Sin embargo, ese documento no precisó que su salud se encuentre gravemente amenazada, por lo que los familiares de las víctimas de los delitos por los que fue condenado cuestionaron que no fuera llevado a una prisión.

En el informe de esta semana, se remarcó que el INPE debe confirmar qué prisión tiene las condiciones para “continuar su tratamiento”, ya que se debe asegurar “la administración de su medicación, controles médicos periódicos y la posibilidad de traslado a un centro asistencial de manera inmediata en caso de presentarse episodios intercurrentes o signos de alarma”.

El abogado de Fujimori, César Nakasaki, declaró al Canal N de televisión que el informe médico “no es un revés”, ya que también precisa que la decisión de su alta médica le corresponde a los especialistas de la clínica.

Nakasaki agregó que si Fujimori “puede ingresar de manera inmediata a un penal depende de que el INPE esté en condiciones de garantizar las medidas médicas que dispone la clínica”.

El médico personal de Fujimori, Alejandro Aguinaga, agregó que la junta médica ha señalado que el exgobernante “está estable, no que está curado” y pidió considerar que “es una persona de 80 años”.

Sin embargo, el abogado Carlos Rivera, defensor de los familiares de las víctimas, sostuvo que la permanencia del exmandatario en la clínica “está llegando a su fin”.

Añadió que el informe de la junta medica “establece las condiciones de salud que siempre tuvo” y que “le fueron garantizados” en el penal de la Policía del distrito limeño de Ate en el que cumplía su condena, al que consideró que debe regresar.

“Como sabemos, es probablemente el penal con mejores condiciones no solo del Perú, sino de América Latina”, enfatizó.

Rivera también dijo que la clínica “ha estado encubriendo” el verdadero estado de salud de Fujimori y “ha estado ayudando o participando en un hecho que legalmente se puede tipificar como resistencia a la autoridad”. 

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