SANTO DOMINGO.– La jueza de instrucción Kenya Romero comenzó este miércoles, en un Palacio de Justicia con seguridad reforzada ante la posibilidad de nuevas protestas, el conocimiento de la solicitud medidas de coerción contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y los otros 17 implicados en el supuesto desvió de unos 19 mil millones de pesos develado mediante la Operación Calamar.
En tanto que la defensa de Gonzalo Castillo manifestó que el Ministerio Público no ha aportado ninguna prueba que justifique el mantenimiento de prisión preventiva de su defendido.
«Al contrario los presupuestos que va aportar la defensa al señor Gonzalo Castillo es para que a partir de este momento él sea puesto en libertad pura y simple», manifestó Laura Acosta y Luis Rivas, quienes agregaron que cliente ha recibido buen trato y está de buen ánimo.
La defensa dijo que Gonzalo condena los hechos violentos y llamó a los militantes peledeista a mantener la calma.
Al ser cuestionados sobre la dilación privilegiada, si pudiera implicar que sí se mande a prisión preventiva como establece el Ministerio Público, Acosta dijo que no saben en qué condiciones esas personas están como testigos, «porque hasta ahora en el relato que ha hecho el Ministerio Público es que esas personas debían estar como imputados».
«Tenemos que saber y me imagino que lo dirá el Ministerio Público en que condiciones esas personas a pesar de haber reconocido la participación en un entramado para sustraer fondos del Estado, en que condiciones esas personas están aquí, ni se le está solicitando prisión preventiva».
Dijo que cada vez que el Ministerio Público menciona los nombres de esas personas, les trata como testigos, que un testigo es una persona que vio algo con sus sentidos, no es una persona que participó aunque el participante puede ser testigo.
«Una persona que se le otorga libertad pura y simple no significa que no pueda seguir siendo investigado , se ha tergiversado y desnaturalizado la medida de coerción».
Agregó que la medida de coerción tiene como objetivo mantener a una persona con una medida, con la finalidad de que no se sustraiga del proceso, que no significa ni que sea inocente ni que se le vaya a investigar, sino que esa persona puede conocer su proceso en libertad porque se presume inocente.