Juzgado ordena detención a expresidente Funes por nuevo delito

Según la Fiscalía General de la República (FGR), Funes, actualmente asilado en Nicaragua, lavó 3,5 millones de dólares de dinero estatal malversado en empresas «fachada» en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curacao, con la ayuda de varios colaboradores.

En este caso, que se une a otros tres que los juzgados mantienen abiertos contra el exmandatario, es acusado de los delitos de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas

El Ministerio Público explicó el pasado 4 de enero que este dinero fue entregado como «dádivas» por parte de la empresa constructora ASTALDI por llegar a un «arreglo directo» sobre el fin de un contrato por la construcción de la represa El Chaparral.

La compañía tenía un contrato desde 2008 por más de 219,9 millones de dólares con el Gobierno para construir dicha represa, pero ésta abandonó la obra por «imprevistos» geológicos.

El Gobierno de Funes, según la Fiscalía General, acordó con ASTALDI el pago directo de 108,5 millones de dólares, que incluía la cancelación de «la obra ejecutada hasta el momento, más una suma adicional de 45.244.418 dólares, sin existir base legal ni técnica» para el monto extra.

El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador decretó, asimismo, instrucción con orden de detención para la cónyuge del exmandatario, Mitchell Guzmán, a quien acusa de lavado de dinero y activos.

Este es el cuarto proceso contra Funes que pasa a la etapa de instrucción, ya que tiene otros dos por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares y pago de sobornos al ex fiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, a los que se suma un tercero por revelación de documento secreto.

La información revelada contenía datos del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre un millonario desvío por el que fue procesado el difunto exmandatario Francisco Flores (1999-2004).

Funes, quien llegó a gobernar bajo la bandera del «cambio» del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público.