SANTO DOMINGO.- Tras una audiencia de conocimiento de medidas de coerción que se prolongó por alrededor de ocho horas, la defensa técnica del excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo y el abogado Ángel Lockward insiste en que sus clientes son inocentes de los hechos que se les imputan en el caso de corrupción Operación Calamar. Mientras el Ministerio Público dice tener pruebas “irrefutables” contra los implicados en el el presunto entramado que desfalcó al Estado con más de 19 mil millones de pesos.
Como injusta calificaron la inclusión de Gonzalo Castillo en el presunto esquema de corrupción, cuya acusación se fundamenta en el financiamiento ilícito de su campaña por un monto de alrededor de 4 mil millones de pesos.
Similar posición tiene la defensa del doctor Ángel Lockward, a quien el Ministerio Público a la red de corrupción en la expropiación de terrenos de manera irregular.
Pese a que estaba pautada para las nueve de la mañana, fue hasta pasadas las once que la jueza Kenya Romero aperturó la audiencia en la que pidió al Ministerio Público agilizara la lectura del expediente que sobrepasa las 2 mil páginas.
El conocimiento de la medida cautelar, que sufrió varios incidentes y cuatro recesos, se desarrolló a puerta cerrada y bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
El Ministerio Público cuenta con 65 delatores con lo cuál se busca vincular con los hechos a los imputados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, entre otros implicados.
La Pepca establece en el expediente, que con distintas maniobras, el presunto entramado de corrupción estafó al Estado dominicano con más de 19 mil millones pesos.
En la solicitud de medida cautelar, el Ministerio Público pedirá al Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional 18 meses de prisión preventiva para todos los vinculados a la Operación Calamar y además declarar el caso complejo.
Será este viernes a partir de las nueve de la mañana que los 20 implicados en el entramado de corrupción operación Calamar volverá a comparecer ante el tribunal para la continuación del conocimiento de la medida cautelar.