Sirve la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas, para cambiar los problemas que tienen las cuentas nacionales del nuevo modelo de poder político, que pretende instalar el Partido de la Liberación Dominicana. Claro está, con la dirección y mandato expreso del Presidente de la República y Presidente de esa organización. Por tanto, moralizar esta escogencia es un ejercicio irresponsable de la pedagogía política de este suceso histórico, que se apoya en un acto legal, al margen de toda ética democrática, pero apegado a las necesidades prudenciales y de derecho natural de esos grupos económicos y sociales.
Siguen siendo inútiles los llamados a la transparencia de organizaciones civiles, cuando esas mismas instituciones de seguimiento son financiadas y auspiciadas, dentro de la estrategia de presión estructural de los mismos bancos que, cobran, grandes comisiones por la gestión internacional de la ola de préstamos que, con poca o ninguna transparencia persigue el Gobierno y el Estado Dominicano, en Francia, en Alemania, en Brasil y ante los organismos y agencias de financiación internacional, para financiar los mega proyectos, los cuales se ejecutan de grado a grado, en el país.
Necesitan esta Cámara de Cuentas, los Medios de Comunicación, las editoriales y las publicitarias, que se tragan mas de RD$9,000 millones de pesos del presupuesto, de las instituciones descentralizadas y del Banco de Reservas, los cuales se gastan en campanas de relaciones públicas y publicidad, en ediciones suntuosas y en la propaganda de los Despachos, de las instituciones y en la imagen de los altos cargos de la nación; Y repartidos grado a grado, y cada ano, a empresas ligadas al poder político y al partido de Gobierno.
Evadir los dientes de la justicia es la estrategia, y la necesidad del poder político y social de la nación. Es la clave de este gabinete político y económico que dirige la nación, al mismo tiempo, en que el espacio político y la economía dominicana ha sido ocupado por las corporaciones económicas, financieras y comerciales, por los personeros del Gobierno, y una muestra incontestable, es la usurpación compulsiva de todos los mecanismos penales, ministeriales, judiciales, y de las Cámaras, tanto electorales como contables del Estado; incluyendo la Contraloría General de la Nación.
Moralizar al Presidente Fernández, al cargarle la culpa exclusiva de este latrocinio democrático, es un acto irresponsable, por parte de los representantes de los dueños del Poder de los cuartos, que representa el denominado, Cuarto Poder, ese gabinete hipócrita de comunicadores, periodistas, dueños de periódicos, de canales de televisión y de emisoras de radio, que ligados al poder político son los grandes beneficiarios de la cobertura de impunidad, que hoy se deriva de esta escogencia indecente.
Responde esta escogencia a la demanda de ese poder que ocultan y disfrazan los medios de comunicación y los periodistas que, en un ejercicio de deslealtad y de ética profesional, pretenden confundir y culpar únicamente al Presidente del partido de poder, cuando ellos saben muy bien que, más que el Presidente, los empresarios que han ejecutado el 90% de las obras grado a grado, y sin concursos, son precisamente los socios de sus jefes corporativos.
Es esta la estructura jurídica del Estado de Derecho que demandan los nuevos tiempos de la post modernidad, y de la creación ingeniosa de los nuevos valores. Bien por ti, bien por el Congreso, bien por el rescate del Derecho Natural Napoleónico, con el cual, el Despacho de la Primera Dama, se permite firmar tratados y convenios internacionales, en Cádiz, España, en nombre de la República.
Perseguir el debate moral y axiológico es una función de tontos, o calcular la estrategia de oposición, desde el determinismo presidencial del derecho natural de los hechos consumados, y con la justificación de la razón de Estado, como lo han hecho los partidos que han visto truncados sus interese, es lo que le ha permitido al partido y a los poderes operativos cercanos al poder político, salir airoso en todas sus estrategias concertadas con la oposición. Porque, en todos los intentos de consensos, la ponencia es una contrapartida de la oposición y la decisión las ha ganado el Gobierno y su partido.
¿Puede esta Cámara de Cuentas auditar el subsidio y los costes ocultos del negocio eléctrico? Penetrar en el agujero fiscal de más de US$8,000 millones de dólares en los últimos diez años, o indagar en los costes ocultos que permiten la distracción de US$40 millones de dólares, que cada mes facturan los generadores al sistema, es una tarea cívica y ética imposible, para el nuevo modelo de poder político.
Haríamos, de todos modos, un uso inteligente y creativo de inteligencia ciudadana, si nos dispusiésemos a exigir el destino contable, financiero y de economía de políticas públicas, que nos lleve a descubrir los libros y el carácter operativo de estas inversiones del pueblo dominicano, como socio, mitad a mitad, del negocio eléctrico, ya que los socios privados disponen de una contaduría clara, en cuanto a sus estados, tanto de ganancias como de las pérdidas, cosa que, todavía, desconocemos los dominicanos.
Estamos, de todas maneras, obligados a tratar nuestros derechos y necesidades de libertad, con la seriedad democrática y ciudadana que demandan las circunstancias políticas del momento, por mas golosos que se muestren los grupos de poder y el Gobierno en su afán de controlar los mecanismos constitucionales de investigación, control y sanción de los delitos, contra los bienes, servicios y el patrimonio público.
Esta elección de la Cámara de Cuentas es un intento, por transformar la experiencia democrática de todo el pueblo político, en un sentimiento propio de los grupos de poder político y social, la cual nunca deberíamos aceptar, ni mucho menos repetir en nuestra vida constitucional. Aunque ocurra en el universo torcido y personal de un gobernante, que convierte en agonía nacional, o en misterio histórico, el lastre social que lleva escondido en el reloj del final de su mandato constitucional.