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La CIDH denuncia agresiones y balazos a comunicadores en Honduras

La CIDH denuncia agresiones y balazos a comunicadores en Honduras
La CIDH denuncia agresiones y balazos a comunicadores en Honduras

CIDH

WASHINGTON, EE.UU.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró hoy preocupada por la “serie de agresiones” que han sufrido varios comunicadores hondureños a lo largo de este mes.

En un comunicado, la oficina de la CIDH denunció cuatro episodios en los que los agentes policiales y fuerzas de seguridad hondureños emplearon gases lacrimógenos y balas contra empleados de medios de comunicación e instó al Estado a investigar los hechos.

En concreto, aseguró la organización, el pasado 25 de marzo la policía disparó “bombas de gas lacrimógeno contra el reportero de Canal 36-Cholusat Richard Casulá y el camarógrafo Salvador Sandoval”.

El ataque se produjo mientras los reporteros cubrían la respuesta policial a una manifestación de educadores en Tegucigalpa y causó una intoxicación a Casulá y heridas en la cara a Sandoval.

La periodista Lidieth Díaz, el camarógrafo Rodolfo Sierra, de Canal 36-Cholusat, y el director de Radio Globo, David Romero, también fueron agredidos el 22 de marzo “mientras conversaban con un grupo de profesores”, según el comunicado.

Un día antes, varios agentes dispararon “bombas de gas lacrimógeno y balas de goma” a la periodista Sandra Maribel Sánchez, directora de Radio Gualcho, y al camarógrafo de Globo TV, Uriel Rodríguez, cuando cubrían un desalojo de maestros en Tegucigalpa.

La CIDH condenó además el “ataque a balazos” que hirió en una pierna al director de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, Franklin Meléndez, el pasado 13 de marzo.

Según el relato de la organización, “dos hombres reclamaron a Meléndez su cobertura de conflictos por tenencia de la tierra en la zona y uno de ellos le disparó”.

Además, reporteros de esa radio comunitaria han recibido recientemente “serias amenazas de muerte”, por lo que han solicitado medidas cautelares de protección a la CIDH, aseguró la Relatoría.

El organismo recordó el deber del Estado hondureño de “prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, como contempla el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.

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