Miguel Guerrero.
Soy de los que no se hacen ilusiones respecto a la transparencia y sana elección de los jueces por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, porque contrario al buen deseo de muchos dominicanos el presidente Fernández tiene otras prioridades, la principal de las cuales, sin duda alguna, es él mismo.
Si su intención hubiese sido legarle al país una incuestionable estructura judicial, conformada por jueces probos sin más compromiso que el derecho, su intenso proselitismo alrededor de la composición del consejo y el carácter decisorio de su voto, no hubiera viciado el proceso de estructuración del organismo.
El problema reside también en el poco aprecio que las instituciones y sus directivos tienen de su papel en una democracia y de su responsabilidad ante la ley y la Carta Magna. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el consejo haya sido convocado por el presidente sin antes esperar que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara sobre un recurso de inconstitucionalidad acerca de la conformación de ese organismo? Y lo que es igualmente grave porque deprime y dice poco de ella, desde el punto de vista institucional, que la suprema no le haya advertido al jefe del Estado que esa convocatoria es incorrecta, para usar una definición piadosa.
Da pena pensar que los dos representantes de la corte que lo integran participen de esa irregularidad cuando el consejo se reúna este jueves, estando pendiente de decisión un recurso elevado por un senador que alega ser el genuino segundo miembro de esa cámara en el CNM, respecto del cual el más alto tribunal de la República debió pronunciarse hace tiempo. Todas las decisiones allí tomadas, a menos que no se produzca antes una decisión sobre el recurso, serán cuestionables. Por su buen nombre y el de la justicia, la suprema debería dejarse escuchar. Por su buen nombre también el presidente debió esperar tal decisión.