La columna de Miguel Guerrero

Haría bien el gobierno en dejar a un lado la cuestionada norma impositiva que obligaría a los bancos y demás instituciones financieras, a partir del mes próximo, a retener el uno por ciento de los intereses de  los depósitos de las empresas. Y lo sugiero de la mejor buena fe porque la medida ha generado muchas reacciones adversas al gobierno incluso la del candidato presidencial oficialista, quien se asegura la criticó en una reciente reunión con entidades de la sociedad civil y dirigentes empresariales.

El sector privado se ha opuesto a ella al igual que la banca comercial por estimarla violatoria a la ley, con lo cual se estaría también violando el secreto bancario. La norma pondría a la autoridad tributaria en posesión de imponer más gravámenes por efecto de otras disposiciones similares y tal posibilidad dejaría las puertas abiertas a nuevas iniciativas impositivas, aumentando la carga que ya pesa sobre las empresas. No existe en el panorama nacional otra fuente generadora de controversias más potencialmente corrosivas en términos electorales que esta norma.

Lo justo sería que la autoridad recaudadora reconozca la validez de los argumentos planteados y derogue la disposición, en aras de devolverle la tranquilidad al sector privado, despejando así de brumas el clima de negocios. La preocupación que esta medida ha creado en todo el sector financiero tiene relación con una tendencia a crear nuevas cargas sin la intervención del Congreso, el único poder del Estado con vocación constitucional para decidir en materia impositiva y de compromisos soberanos de la nación. La fecha fijada para la entrada en vigencia de la norma es este sábado. De manera que el tiempo para una decisión está a la vista. El tono de la relación del empresariado con el gobierno podría depender en lo adelante de la decisión que adopte la Dirección de Impuestos Internos.