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La columna de Miguel Guerrero

La columna de Miguel Guerrero

En todo país medianamente organizado, las leyes laborables son concebidas para estimular la creación de empleos y garantizar la estabilidad de las empresas. Con esto se persigue asegurar las fuentes de trabajo y fomentar la inversión en áreas de uso extensivo de mano de obra y en proyectos y empresas esenciales al desarrollo de la economía. En el nuestro, esas leyes operan en la dirección contraria. La  simple amenaza de su aplicación constriñe la expansión empresarial y evita la atracción de capitales frescos en la industria, el comercio y los servicios. En el ámbito de la seguridad social, por ejemplo, se da una situación muy grave. La ley es universal y de obligado cumplimiento. Sin embargo, las excepciones conocidas distorsionan todo el sistema y crean bolsones de chantaje y poder, como es el caso de los fondos de pensiones de algunas instituciones y actividades  que existen fuera del sistema y de las cuales no existe información sobre el uso dado a enormes cantidades de dinero, porque simplemente nunca han rendido cuentas ni existe noción acerca del monto recaudado. Tampoco se sabe si esas fabulosas sumas de dinero van realmente a engrosar alguna cuenta para el retiro de los trabajadores, y quienes realmente la manejan. No se sabe tampoco si la Cámara de Cuentas las audita y quienes firman o autorizan el uso de esos recursos. En el caso de los obreros de la construcción se trata de personal temporal, la mayoría de los cuales es extranjera con permanencia ilegal en el país, de manera que ese sector queda fuera del régimen contributivo. Otro ejemplo típico es el escándalo de la ARS de los maestros y los fondos de pensiones de otros sectores, cuyos aportes nadie sabe a dónde fueron a parar y sin que nadie se haya sentido en la obligación de explicar el uso dado a esos recursos. Tales distorsiones constituyen la peor amenaza al sistema de la seguridad social.

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