En una democracia, los gobiernos están obligados a rendir cuentas de cuanto hacen. Pero esa es una práctica universal desconocida en nuestro país. Aquí prevalece el criterio de que es el pueblo quien está obligado con los gobernantes, lo cual es una perversión del sistema y una forma de entenderlo basado en un concepto arcaico de cómo ella funciona. Organizaciones sociales se quejaban esta semana de la poca transparencia en las actuaciones del gobierno, debido al enorme poder discrecional de los funcionarios que se creen muchos de ellos por encima de la ley, razón por la que legislaciones como la de Libre Acceso a la Información Pública sean sólo textos inservibles.
El problema radica en la excesiva atribución presidencial en el sistema político dominicano, que todos en la oposición han prometido reducir y que una vez en el poder incrementan hasta lo inconcebible. Por eso, nuestros avances en materia democrática han sido muy tímidos y todavía vivimos bajo un régimen presidencialista y populista en el que un mandatario posee la magia de cambiar la suerte y tranquilidad de los ciudadanos con un decreto o un discurso. Lo cierto es que la posibilidad de un cambio o mejora en ese aspecto de la vida política nacional continúa siendo una ilusión. Y los reclamos de transparencia un grito perdido en el espacio.
Las enmiendas constitucionales no han sido el fruto de una voluntad para mejorar el sistema, sino de los intereses particulares de la clase política. Las elecciones sólo han servido para fortalecer los vicios que han prevalecido a lo largo de nuestra accidentada práctica democrática y no para mejorar las instituciones ni los derechos del pueblo dominicano. Los problemas de hoy son los mismos de hace cuarenta años. La sociedad tendrá que esforzarse para que eso cambie, so pena de caer en cualquier momento en poder de un insufrible redentor de turno.
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