La lucha por los recursos que la ley dispone para el sector educación es una muestra fehaciente y trágica de nuestra debilidad institucional y un reflejo penoso del poco respeto que los legisladores tienen por sus electores. Ha quedado de manifiesto que la mayoría peledeísta responde más a las directrices de su comité político que al clamor popular, incluso cuando está en juego un asunto tan importante para el futuro nacional como es, sin duda alguna, la urgente necesidad de impactar positivamente la calidad de la enseñanza pública, una de las más pobres del mundo.
Se ha pretendido presentar el reclamo del 4% del PIB a la educación como un acto de oposición política y como prueba de ello se menciona el hecho de que el principal candidato de la oposición lo ha refrendado, olvidándose que igual hizo el candidato del gobierno, aunque con la incomprensible salvedad de que nada puede hacer en contra de la corriente mayoritaria de su partido que obviamente, sin que se entienda la causa, no está de acuerdo, basándose en el falso alegato de que el problema no es de recursos sino de calidad.
Pero si esa calidad no puede alcanzarse con el 4% del producto interno bruto, cómo puede pretenderse que lo haga con menos del 2.5%, todo cuanto están dispuestos a entregar, en una nueva y deplorable demostración de que el usufructo del poder concede en este país el derecho a un uso discrecional del presupuesto, independientemente de las necesidades reales de la nación. Lo que me resulta difícil de entender es qué le impide al candidato del gobierno manifestarse públicamente en favor de más recursos para la educación y que le impidió además ordenar a sus seguidores en el Congreso que prestaran oídos a un reclamo popular, cada vez más alto, que seguramente se reflejará en las urnas. En otras palabras, por qué debemos esperar que sea él presidente para hacer honor a su compromiso.