Miguel Guerrero.
La verdad oculta en el conflicto que envuelve terrenos del Parque Nacional Jaragua en la provincia Pedernales es más reciente de lo que parece.
La venta fraudulenta de ese bien patrimonial no terminó en el proceso judicial ventilado en la primera administración del presidente Leonel Fernández, contra funcionarios agrarios del gobierno de su antecesor, Joaquín Balaguer. Continuó con él, incluso cuando ya sus días estaban contados como jefe del Estado, y no se ha parado todavía.
En fecha 12 de junio del año pasado, trece días después de las elecciones del 20 de mayo, la vicepresidenta del Senado, Cristina Lizardo, remitió el oficio 000161 al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, comunicándole la aprobación a favor del ciudadano italiano Augusto Aldo Meroni, la venta por el Estado de una porción de terreno de 62,500 metros cuadrados (62 kilómetros y medio) dentro del ámbito de la parcela 215-A (215-A-52), del Distrito Catastral No. 3 del municipio Enriquillo, provincia Pedernales, por la suma de 14.6 millones de pesos. Se suponía que esos terrenos estaban en litigio, con títulos fraudulentos, muchos de ellos, en poder de particulares.
Luego, a pesar del dudoso y cuestionado precedente, el presidente Medina dispuso un acuerdo transaccional, lo que de hecho hubiera legalizado ese fraude monumental, medida que bajo fuerte presión pública echó luego para atrás. Sin embargo, cuatro días después de haberse revocado la decisión presidencial, Medio Ambiente entregó a Meroni, según Diario Libre de ayer, la licenciada ambiental para la construcción allí de un hotel de 228 habitaciones y villas al lado de Bahía de las Águilas.
Se necesitarán muchos discursos e instrucciones a comunicadores gubernamentales, como ya ocurriera en el Palacio Nacional, para borrar lo que los hechos han legado para el juicio de la historia.
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