Miguel Guerrero.
Un periodista extranjero me preguntó casi cinco años atrás qué se sentía frente al crecimiento de la corrupción y el grado de impunidad existente en el país. Mi respuesta no se hizo esperar: “Una fuerte e hiriente rabia interior con mezcla de impotencia, que la hace más dolorosa todavía”.
Las opiniones externadas por diversas organizaciones y líderes de opinión mostrando su inconformidad y frustración con los resultados de la lucha contra ese flagelo, me trajo a la memoria ese encuentro con un colega europeo.
Recuerdo también que hace alrededor de década y media, cuando recorría el país de un extremo a otro como candidato, dándose a conocer como el joven académico e intelectual que era, el hoy Presidente estimaba el costo de la corrupción anual en unos 35 mil millones de pesos, suma que en la actualidad parece insignificante frente a la magnitud real del problema.
Es innegable que ese cáncer que corroe la sociedad dominicana no está alojado solamente en el sector público.
La ventilación en los tribunales de expedientes de quiebras fraudulentas nos recuerda que el mal se ha extendido por todo el cuerpo social del país y que el costo económico en el ámbito privado, si nos atenemos a las cifras del Banco Central en relación con la bancarrota bancaria del 2003, es de una proporción casi igual a las que hoy se conocen en la esfera pública.
Naturalmente, la estimación se basa en la complicidad que ha existido siempre entre funcionarios y empresarios venales.
Tienen razón las organizaciones y los medios al preocuparse por los invisibles e inexistentes avances en la lucha para erradicar tan terrible mal, por cuanto la experiencia nos indica que el fracaso de todo esfuerzo en esa dirección conlleva inevitablemente a la pérdida total de confianza en el sistema político.
El brusco giro en la política de algunos países debiera servirnos de advertencia. Aunque, como dice el viejo refrán, nadie aprende en cabeza ajena.
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@GuerreroMiguele