Miguel Guerrero.
En más de una oportunidad he insistido sobre el peligro de aislamiento en que caen muchos gobiernos cuando se obstinan en ver en la crítica una mala intención o un deseo de entorpecer iniciativas oficiales.
Si bien es cierto que algunas veces ese sentimiento domina los enjuiciamientos públicos a las acciones del gobierno, no siempre esa es la intención que prima.
Con más frecuencia de la que se admite, las observaciones a determinadas conductas o prácticas gubernamentales o de funcionarios, están inspiradas en sanos propósitos.
La sabiduría de un gobierno consiste en poder apreciar la diferencia. La falta de esa capacidad impide aprovechar oportunidades excepcionales de corregir posturas y políticas inadecuadas o ganarse nuevos afectos.
Por lo regular, el rechazo instintivo a la crítica no alcanza a ponderar su alcance ni la finalidad que esta persigue.
Las objeciones a una política o una medida gubernamental tratan en ocasiones de prevenir a un gobierno o a una autoridad las derivaciones negativas de su aplicación. Como por lo general muchas de esas disposiciones se adoptan sin una previa consulta, no consiguen llenar las expectativas de la población.
El más reciente ejemplo lo tenemos con la reforma tributaria aprobada al vapor por el Congreso, a despecho del rechazo que generó en la población. Una ley creada para llenar el enorme agujero fiscal dejado por la administración del presidente Leonel Fernández, contra quien se escuchan demandas de acción legal por su responsabilidad en el caso.
No pretendo sugerir que un gobierno renuncie a su responsabilidad de actuar allí donde se haga necesario y en base a su propia filosofía o comprensión de un problema. Lo importante es que entienda que en la medida en que sus acciones reflejen el sentimiento generalizado de la sociedad, mayor será el nivel de aceptación de sus políticas.