El sector privado tiene un reto trascendente. Al referirnos a él no nos circunscribimos a los grupos empresariales unidos por una comunidad de intereses provenientes de negocios o empresas cuyo fin sea el lucro, legítimo en una sociedad de libre comercio. Una de las grandes distorsiones de su papel en el desarrollo y manejo de la economía proviene de la propaganda negativa que restringe su definición a ámbitos tan estrechos y exclusivistas. Por el contrario, es un concepto mucho más amplio y generoso. En él concurren todas las actividades individuales o de grupos producto de la libre decisión del ser humano. Abarca todas las actividades y campos del saber, desde el vendedor ambulante, hasta el próspero empresario que tiene en su nómina a más de 500 trabajadores, pasando por el artista que plasma en lienzos el fruto de su inspiración y vive de ello.
En los ambientes políticos se han venido alentando con evidente éxito teorías inclinadas a favorecer un creciente papel del Estado, mayor del que ya tiene y ejerce, en los asuntos nacionales. Aplicadas al juego económico, estas doctrinas han resultado catastróficas. La experiencia dominicana debería bastar por sí sola como evidencia irrefutable.
La única vía para evitar la perpetuación de esas traumáticas experiencias es la de poner límites a la capacidad de los gobiernos para restringir la libre creación de los individuos. Pero lograrlo requerirá de planteamientos doctrinarios que definan claramente el papel del sector privado, una tarea que resulta muy difícil a la luz del control que la clase política del país mantiene sobre la vida institucional, mediante el dominio de los mecanismos de funcionamiento de la estructura estatal. Me refiero, por supuesto, al Gobierno, el Congreso y la Justicia, y los demás poderes subalternos, como los ayuntamientos y los organismos autónomos.