Miguel Guerrero.
La creación de nuevas fuentes de trabajo es una prioridad nacional. Y los empresarios, que generan con sus inversiones oportunidades para cientos y miles de dominicanos desocupados, deberían ser considerados verdaderos héroes, porque le evitan al país enormes dificultades en el campo social, económico y político.
Las posibilidades del Estado de hacer frente con éxito a este problema son muy escasas. De manera que parte de las esperanzas deben cifrarse en la capacidad de la iniciativa privada para generar suficiente actividad económica a fin de llenar las expectativas y alcanzar las metas a que aspiramos.
Está claro, sin embargo, que sólo sobre cimientos seguros, estímulos y garantías, podrá ese sector emprender las inversiones y la creación de actividades capaces de suplir la oferta de ocupación laboral que la creciente población demanda sin mayores dilaciones.
Desgraciadamente, la acción oficial no ha marchado en esa dirección a lo largo de nuestro ejercicio democrático. Al través de los controles, la influencia estatal en la economía ha crecido en proporciones alarmantes en desmedro de la actividad privada.
La extensión de la esfera pública a áreas en las cuales su experiencia y capacidad de movimiento son escasas o nulas, ha tenido como resultado una hipertrofia de la burocracia con un consiguiente aumento de las cargas fiscales.
En la medida en que el aparato burocrático crece en forma desmedida y sin planificación u objetivos, disminuye la posibilidad del Estado de atender con eficiencia las necesidades imperantes dentro de su radio natural de acción.
Siempre ha sido así. Parecería un contrasentido, pero la verdad es que mientras más crezca el aparato burocrático del gobierno menos capacidad tendrá el país para crear estables fuentes de empleos. Sin distinción de colores políticos, el proselitismo, que por igual han practicado todos aquellos que han ejercido el poder, ha deprimido la economía nacional.
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