Miguel Guerrero.
Las figuras públicas, sean hombres o mujeres, no tienen vida privada. Todas sus actuaciones son del mayor interés para la población y eso justifica la atención que los medios suelen dedicarle a los políticos, empresarios o celebridades del mundo del espectáculo, en aquellos países donde existe plena libertad de prensa y el poder no se utiliza para reprimir a los ciudadanos.
Mucha de esa gente exige respeto a su conducta privada, creyéndose en derecho de privar al público del conocimiento de sus ambigüedades y de sus falsas composturas. A lo que sí todo ciudadano tiene derecho es a la intimidad, cosa muy distinta.
Una muestra de la importancia de aceptar como una regla esa diferencia, se da casi a diario en Estados Unidos.
Recuerdo el caso de un influyente congresista de la Florida del partido republicano, entonces en el gobierno, arrestado bajo el cargo de proponer un acto indecoroso a un agente policial encubierto, al ofrecerle veinte dólares para practicarle sexo oral.
El hombre, de casi 50 años, era casado, ignoro si lo sigue siendo, con hijo y el conocimiento de este hecho terminó costándole su carrera política y afectando su vida personal.
El caso es interesante y aleccionador, porque demuestra también que las figuras públicas tienen obligaciones ante la sociedad y que no pueden sostener una carrera ascendente a despecho de sus malos hábitos públicos o su conducta indecorosa.
En el país debemos admitir como una obligación de los medios la denuncia de situaciones de esa naturaleza. Si un político golpea a su esposa o maltrata a sus hijos. Si conduce en estado de embriaguez, el país debe saberlo.
Es una forma segura de contribuir al adecentamiento de la vida pública, tanto a nivel político como privado. Hay gente aquí que niega la manutención de los hijos y va a la televisión a dar cátedra de moralidad.
Son verdades que la nación debe conocer a fin de repudiarlas o por lo menos entenderlas con todo el vigor requerido.
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