Miguel Guerrero.
En este país suceden cosas que pasan como normales y que en cualquier otro constituirían un escándalo de grandes proporciones. Recuerdo un relato extenso sobre el problema de la intermediación del negocio de los combustibles, publicado hace ya varios años por Clave Digital acerca de un alto funcionario que autorizó un negocio en esa área en el cual participaba como accionista.
Como nuestra capacidad de asombro e indignación como sociedad ha mermado hasta casi desaparecer, estas situaciones graves de conflicto de interés, pasan desapercibidas y sin ninguna consecuencia.
Cuando asuntos como ese ocurren en países medianamente organizados, con cierto nivel de respeto por las normas y la decencia pública, el escándalo sacude a los gobiernos y los obliga a tomar acciones contra los responsables. Aquí no podemos pretenderlo. La corrupción y el manto de impunidad que la cubre nos han hundido hasta el fondo.
Los gobiernos se hacen los sordos para no escuchar esa clase de impudicia y ciegos para no ver aquello que se hace en su interior en contra del buen sentido. El ciudadano común pierde toda posibilidad de hacerse sentir, por cuanto el verdadero poder no proviene de él, sino de la fuente que produce el dinero que mueve las campañas electorales y luego cobra por sus servicios.
Antes los actos de corrupción venían envueltos con ropaje. Hoy asisten desnudos a la fiesta. Todo el mundo los ve y calcula su efecto sobre la economía, conscientes de que no habrá ninguna consecuencia. Esos buenos señores sólo necesitan de un buen abogado que los cubra y de una prensa que los defienda. Lo demás lo proporciona el clima de impunidad existente. Alguien leyendo esto me dirá: No fuñas, hombre, si quebrar un banco no es delito, tampoco lo será firmar una autorización para provecho propio. Y muchos aplaudirán y me mirarán con sorna.
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