A regañadientes se le admitió al país la existencia de un descomunal déficit de 200 mil millones de pesos, equivalente a más del 40% del presupuesto nacional, por lo cual era necesario constreñir más a la población con nuevos odiosos impuestos y el incremento de otros para poder encarar así el desastre que ello supone. Pero no se señalaron a los culpables.
Quedaron de este modo protegidos en la tradición de impunidad y silencio que ha venido mermando la fe de la nación en su clase política y sus débiles e inoperantes instituciones democráticas.
Se denunció el contrato de concesión de las minas de oro y plata de Pueblo Viejo, Cotuí, en la provincia céntrica de Sánchez Ramírez, porque sus términos son inaceptables para la República. Pero al igual ocurriera con el déficit se dejó ha dejado de lado el tema esencial, como si la empresa fuera la responsable de una negociación considerada lesiva al legítimo interés público.
La nación no puede seguir costeando el bacanal de un liderazgo político corrupto que convirtió el Erario, la riqueza nacional, en un botín a disposición de la pequeña logia que por ocho años se adueñó del poder.
Un liderazgo que cercenó las esperanzas de un pueblo que cada día empobrece y ve alejarse las esperanzas de redención social por las que ha esperado y luchado desde la fundación misma de la República.
Es injusto que alguien use en su provecho la riqueza de la nación y se le obligue después a ella a costear las consecuencias para tranquilidad de sus usurpadores.
Mientras esas prácticas nocivas continúen señalando las pautas del quehacer político nacional y no se adopten acciones para cobrarles a los responsables sus actos de traición a la República, no habrá futuro para los dominicanos. Peor aún, no existirá permanente seguridad de paz y sosiego, porque alguien con autoridad moral dirá un día “¡Basta!” y después a Dios que reparta suerte.
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