Miguel Guerrero.
Cuando se anunció hace cuatro años, la compra de diez millones de bombillas de bajo consumo, dentro de un plan para reducir el consumo de combustibles y energía, se lo recibió con escepticismo en los círculos pensantes del país, donde aún se ejercita el cerebro y, por ende, lo conceptual, adjetivo y no verbo perteneciente o relativo al concepto, según la Real Academia de la Lengua.
Los ahorros, en aquél caso, debían implicar también una reducción del gasto. Sin embargo, las bombillas costaron 18.5 millones de dólares, conforme a los datos oficiales ofrecidos.
Un precio por unidad superior a los dos dólares al cambio de entonces. Es ampliamente conocido que en cualquier tienda de Estados Unidos, donde se fabrican distintas marcas de estas bombillas, y no en Cuba de donde habrían sido adquiridas, se pudieron comprar más baratas, hasta a mitad de precio.
Tampoco se hizo pública que se hubiese convocado a una licitación, como manda la Ley de Contratación de Obras y Compras del Estado, lo cual indicaba ya que los avances en materia de institucionalización son pura ficción, muestra adicional de la virtualidad con la cual se nos dirige y encamina.
Las dichosas bombillas, según el anuncio, se distribuirían en hogares y cabildos. A ciencia cierta nunca podrá saberse con certeza cuántas realmente se recibieron o fueron entregadas.
Ese es el problema cuando los gobiernos asumen la tarea de benefactores y confunden la caridad pública con los servicios asistenciales dentro de esquemas de seguridad social.
En modo alguno sugiero que con estas bombillas ocurrió lo mismo que en planes parecidos en el pasado. Pero la misma compra por el gobierno resalta nuestra falta de institucionalidad y el absoluto poder discrecional de los gobernantes, lo cual a todas luces, con o sin bombillas, es una señal evidente de atraso en el campo democrático. Además, jamás se ha vuelto a hablar de ese plan.
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