Desde que se promulgó en San Cristóbal en 1844 la primera Constitución con la finalidad de darle base jurídica y política a la República Dominicana, su texto ha sido modificado en 39 ocasiones. La primera o fue en 1854 y la más reciente en el 2015.
Si no es un récord merecedor de ser inscrito en el famoso libro Guinnes, parece al menos una cantidad lo suficientemente abultada como para que con su solemnidad mellada, en un momento determinado el finado entonces presidente Joaquín Balaguer, llegara a afirmar no sin cierto desparpajo reñido con su habitual estilo intelectual, que se trataba de “un pedazo de papel”. Como tal lo aplicó en más de una ocasión.
En la mayoría, por no decir la totalidad de los casos, las cambios a la Carta Magna han estado motivados por intereses partidarios y aspiraciones de continuismo en el ejercicio del poder, que al mismo tiempo ha sido en numerosas ocasiones, mas de disfrute y propósitos de servirse que de servir a la nación.
Sin embargo, tal como destaca en sus notas de Derecho Constitucional el jurista Manuel Amiama, no se habían introducido sustanciales alteraciones a la teoría política que la inspiró en sus orígenes, hasta 1994 en que sirvió para recortar a la mitad por esa sola ocasión el período presidencial.
Fue un improvisado cambio coyuntural a fin de salvar una seria crisis originada por la cuestionada última elección presidencial del doctor Joaquín Balaguer, después de una intensa campaña de denuncia de su carácter fraudulento por parte de José Francisco Peña Gómez que encontró un fuerte eco internacional, sobre todo en los Estados Unidos.
Fue más descarnada en esa ocasión la presión ejercida por el gobierno estadounidense a través del embajador Jimmy Pastorino en el curso de una extensa reunión con Balaguer, que este resumió al final con una frase críptica que sellaba el final de su mandato, “De despedida me lanzó el dardo de los partos”.
Paradójicamente el carácter fraudulento de las elecciones solo fue considerado a nivel presidencial, en tanto se consideraron válidas en todos los demás niveles, por lo que los demás electos pudieron seguir conservando sus posiciones hasta completar el período de sus respectivos mandatos.
No fue hasta el 2015 que la Constitución fue sometida a un amplio y exhaustivo proceso de modificación con el fin de modernizarla. El borrador del texto sometido a la Asamblea Nacional fue preparado por un grupo de expertos constitucionalistas seleccionados al margen de partidarismos. Luego de amplias discusiones y adaptaciones fue sometida a un doble proceso de aprobación. Es la que está vigente.
Llamada Ley de Leyes, y con valor superior a todas, la Carta Magna constituye la piedra fundamental en que se asienta la estructura jurídica y política de un Estado. Es una especie de contrato social entre el gobierno y los gobernados. El que fija derechos y obligaciones para el primero y los segundos. Lamentablemente en nuestro país, la mayoría de los ciudadanos ignoran tanto unos como otras. Una de las tareas fundamentales a que debiéramos abocarnos es precisamente a desterrar esa ignorancia.
Comenzando por el sistema escolar, la Carta Magna debiera convertirse en una asignatura fundamental, pero no para ser leída de manera rutinaria en el aula sino para dar lugar a foros escolares de análisis y discusión de la misma, moderados por los profesores. Y ser llevada también a todos los ámbitos de la sociedad. Para que cada ciudadano esté consciente los derechos que le asisten y les ampara y del cumplimiento de las obligaciones que establece como contrapartida de tal modo que forme pieza determinante de nuestra formación y desempeño cívico, del valor que reviste y de que no se trata de un pedazo de papel que pueda sustituido a conveniencia para satisfacer intereses partidarios o ambiciones personales.