REDACCIÓN.- La reciente decisión del ministro de Turismo, David Collado, de multar con 4 millones de pesos a la constructora responsable del remozamiento del malecón de San Pedro de Macorís por incumplir con los plazos contractuales, representa una medida contundente de gestión.
En un país donde el alto número de obras inconclusas se ha convertido en un símbolo de la ineficiencia estatal, esta acción envía un mensaje claro: el dinero público no debe manejarse con tolerancia hacia los incumplimientos, y las obras deben responder al compromiso adquirido con la población.
La obra del malecón de San Pedro de Macorís es un proyecto con un costo superior a los 260 millones de pesos que promete ser un espacio de esparcimiento y desarrollo económico para la región. Sin embargo, tras más de un año desde el inicio de los trabajos, la constructora encargada ha fallado en cumplir con los plazos establecidos. Collado, en lugar de permitir más dilaciones, decidió actuar con firmeza y ampararse en el contrato para imponer sanciones.
Este tipo de medidas contrastan con el manejo que otros ministerios han dado a proyectos que llevan años estancados. Por ejemplo, las escuelas del Ministerio de Educación, las circunvalaciones del Sur y los trabajos en la autopista Duarte del Ministerio de Obras Públicas, la ciudad de la Salud del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), entre otros enfrentan múltiples denuncias por lentitud en las obras paralizadas o a medio construir. Hospitales, carreteras, viviendas e infraestructuras de agua potable permanecen en el limbo, muchas veces sin que se rindan cuentas claras sobre las razones del retraso o los costos adicionales que esto implica.
El Ministerio de Obras Públicas, responsable de grandes proyectos de infraestructura vial, enfrenta retos significativos en la terminación de carreteras clave, como el tramo Bávaro-Uvero Alto o la autopista del Ámbar. El Mived, por su parte, tiene retrasos notorios en la construcción de viviendas prometidas, mientras que el Inapa enfrenta cuestionamientos por obras de acueductos que no han avanzado pese a la inversión millonaria anunciada.
En estos casos, las medidas tomadas por Collado deberían ser una guía. Multar a las empresas, exigir transparencia y comprometerse con los plazos contractuales son acciones necesarias para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y que las comunidades reciban los beneficios prometidos.
Su decisión de emplazar a la constructora Kuky y documentarlo en redes sociales demuestra un compromiso con la rendición de cuentas que genera confianza entre la ciudadanía. Al exponer las faltas, el ministro establece un estándar de transparencia que debe replicarse en todas las instituciones del Estado.
La población no solo merece obras terminadas, sino también un conocimiento claro de cómo se están gestionando los recursos asignados. Acciones como esta refuerzan el contrato social entre el Gobierno y los ciudadanos, demostrando que la gestión pública puede ser eficiente y responsable.